El manejo de los medios de comunicación públicos desata históricamente acalorados debates en España y vuelve a hacerlo en estos días. El jefe de Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, lanzó una reforma para que la TV y las radios estatales dejen de emitir publicidad, generando una cuenta que deberán pagar en partes similares el Estado, los canales privados y las empresas de telecomunicaciones.
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Ello abre camino a una discusión tanto política como económica. Si la reforma es aprobada en setiembre, como plantea el Gobierno español, entraría en juego el destino de los casi 500 millones de euros que reciben anualmente las emisoras públicas como ingresos publicitarios y que, según los ideólogos de la propuesta, se derivarán a los canales y radios privados.
En el plan del PSOE gobernante, el financiamiento de los 1.200 millones de euros del presupuesto de Radio Televisión Española (RTVE) será solventado con un impuesto del 3% sobre los ingresos de la TV privada, el 0,9% de los de las telefónicas y parte del canon que éstas abonan por el uso del espacio radioeléctrico. El Estado, por su parte, se compromete a subvencionar a RTVE con 550 millones de euros.
Las primeras reacciones a la propuesta no tardaron en hacerse oír. Las telcos amenazan con subir las tarifas, no descartan la pelea judicial y aducen que les toca aportar a un negocio ajeno, aunque en el Gobierno especulan que podrían crecer los ingresos de publicidad en internet, un mercado en el que las telefónicas sí abrevan. De su lado, la TV privada sospecha, con un ojo en una experiencia similar que encaró Nicolas Sarkozy en Francia, que poco hace suponer que lo que RTVE deje de percibir se reorientará a sus arcas, menos aún en un contexto de zozobra económica y vértigo tecnológico como el actual.
La realidad de RTVE está lejos de experiencias como la de la BBC británica, reconocida mundialmente como el mejor servicio público de comunicación. Amén de eternos cuestionamientos sobre su calidad y sesgo oficialista, el sistema estatal de medios español arrastra un déficit crónico, sospechas sobre sus finanzas y negocios, y una deuda de miles de millones de euros. Su buque insignia, TVE1, es un canal generalista que compite de igual a igual con los privados con dosis similares de información, entretenimientos y, hasta 2004, programas basura.
La oferta pública se completa con una segunda cadena de TV nacional -con una programación alternativa y cultural-, otra emisora abierta en Cataluña, un canal de noticias, otras ofertas «de pago» y cinco radios, una de ellas generalista de difusión nacional.
El oficialismo indisimulado de los noticieros públicos de RTVE, como ocurre en muchos países que someten el control editorial de los medios oficiales al acuerdo -y pacto- de las bancadas mayoritarias del Parlamento, recién fue dejado de lado, o al menos matizado, desde 2004, con la asunción del socialista en La Moncloa. Entre otras causas, el PSOE arribó al gobierno gracias a la opinión mayoritaria de que José María Aznar había intentado manipular la información sobre los atentados de Atocha, ocurridos tres días antes de las elecciones, con el canal público y la agencia de noticias EFE como principales espadas. Con este ambiente caldeado, Zapatero encaró una reforma que redundó en 2006 en una nueva ley de medios públicos. Esa norma estableció que la elección de un consejo de administración -con 12 miembros- deba contar con una mayoría calificada de dos tercios del Parlamento, lo que en la práctica obliga a un acuerdo del PP y del PSOE. La agencia EFE, por su parte, se dio un estatuto de redacción para despegarse de los pecados del pasado.
La reforma de Zapatero, inédita para los suyos y un mero maquillaje para sus críticos, incluyó un drástico recorte de personal con retiros voluntarios, pero en cualquier caso no terminó de resolver el problema del financiamiento. Mientras en Alemania (con un amplio control de organizaciones no gubernamentales) y Gran Bretaña solucionaron parte de sus finanzas con un canon directo que pagan los ciudadanos.
Para el consultor Eduardo García Matilla, de la consultora Corporación Multimedia, citado por el Diario Público de Madrid, el seguidismo de la experiencia británica no es la receta salvadora. «Aquí no funcionaría. La BBC ha cuidado su función de servicio público y se ha acoplado a los tiempos. TVE quiso competir con las privadas con contenidos basura. Cada vez es más difícil retrotraer la situación. Correría el peligro de ser una cadena de élites, para las minorías», dijo García Matilla.
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