Esperable: la Corte vuelve a la carga para otro aumento

Enrique Petracchi, Jorge Capitanich y Julio Piumatto

 La Corte Suprema de Justicia le envió ayer a Jorge Capitanich un nuevo pedido de reasignación de partidas presupuestarias para otorgar un incremento salarial a todos los empleados del Poder Judicial. La nota lleva la firma de los ministros e implica una nueva escalada en la negociación del Gobierno con la Corte por los fondos del Poder Judicial. Como todo en esta disputa, el envío es calculado y coincide con la demostración de fuerza que hará Ricardo Lorenzetti mañana en Mar del Plata cuando reúna allí para la foto a algunos de los jueces que le han traído dolores de cabeza al poder político.

La Corte ya logró una firma de Capitanich en agosto y la próxima debía ser en diciembre. Este requerimiento intermedio tiene que ver con la falta de fondos del Consejo de la Magistratura y con las recientes reuniones de Lorenzetti con el gremialista de los judiciales, Julio Piumatto, quien ya le ha dado a entender al presidente de la Corte que su gremio no puede quedar superado por inflación anual.

Lorenzetti y Piumatto son dos hombres con lógicas muy distintas, pero que coinciden en las virtudes de los puntos intermedios: los reclamos al Gobierno deben ser calculados porque con la actual situación económica tensar la relación al máximo podría terminar como una táctica inconducente.

La interacción entre el máximo tribunal y Balcarce 50 ha ingresado en uno de los momentos más álgidos. Semanas atrás, el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, le había avisado a la Corte que le giraría 138 millones de pesos como una especie de adelanto de la deuda que el tribunal le reclama al Ejecutivo que ronda los 1.500 millones. Se abrió un expediente en el Ministerio de Economía y comenzó a circular, pero los fondos todavía no llegaron y, al igual que otros trámites, también precisan de la firma de Capitanich.

Hace dos semanas los ministros conocieron la determinación del Gobierno de girar un proyecto de presupuesto que es visiblemente inferior al que requería la Corte para todo el Poder Judicial. Se ha instalado entre los justices que la estrategia del kirchnerismo es lograr que el máximo tribunal recurra a su fondo de ahorros que este año no se ha tocado. Esa determinación explica en gran parte la tensión actual.

La Corte no es el único entorno donde se ha instalado cierta impaciencia. Esta semana los jueces nombrados para la Casación Penal ordinaria -tribunal creado por el Gobierno- conocieron el dato de que todavía no se han girado los fondos correspondientes para habilitar el fuero y ponerlo en funciones. Son alrededor de 70 millones de pesos para el primer año. Este grupo de jueces que ya incluso tienen decreto presidencial (sólo falta que la Corte les tome juramento) lo integra la titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, y ha desarrollado notables espacios de catarsis. Uno de ellos es un espacio de chat digital en el cual se denominaban a sí mismos "los casadores" y en donde intercambian jugosas opiniones y comentarios que a su vez luego alimentan las principales tertulias de los tribunales.

En paralelo a las cuestiones financieras, la Corte viene emitiendo resoluciones contra la AFIP y la ANSES aunque el mayor fastidio en la esquina del oficialismo, como es de preverse, aparece cuando se revocan cautelares que perjudicaban a Cablevisión o cuando se rechazan planteos contra la Ley de Libertad de Expresión que Mauricio Macri aprobó luego de que la Comisión Nacional de Valores requiriera informes al monopolio Clarín. Por cierto, en lo que va de 2014 el récord de esta compañía en la Corte es, en cuanto a sentencias, envidiable.

El acuerdo de ministros de ayer (Enrique Petracchi volvió a ser un ausente de marcada presencia en las conversaciones) giró en torno a los aspectos económicos y apareció algún comentario, aislado, sobre el proyecto del código Civil y Comercial que el oficialismo se apresta a convertir hoy en ley.

Tal como se esperaba, los pedidos de cautelares formulados por la oposición contra la decisión de votar el proyecto a libro cerrado fueron rechazados. Una vez más en la Corte llamó la atención que éstos estuvieran tan mal formulados al punto de no asimilar que la Justicia, salvo contadas ocasiones, no puede intervenir en el funcionamiento de otro poder de Estado y tampoco puede hacerlo antes de que el proyecto sea ley porque sería actuar de modo preventivo.