19 de octubre 2009 - 00:00

Espía: aporta datos testigo anónimo

La Justicia tiene previsto profundizar esta semana la conexión del detenido Ciro James con el Gobierno porteño, en el marco de la investigación por el escándalo de las escuchas ilegales donde ya se comprobó la intervención a los teléfonos del dirigente de la AMIA Sergio Burstein, y del empresario Carlos Ávila, entre otras personas. En esa ruta, en el juzgado a cargo de Norberto Oyarbide comenzarán a bucear sobre la información que habría suministrado un testigo, que por ahora se mantendría en reserva, con nuevos datos para la pesquisa. El magistrado ordenará nuevas acciones esta semana, en la búsqueda también de la presunta conexión entre James, el ex jefe de la Policía porteña, Jorge «Fino» Palacios y las pinchaduras telefónicas.

Hasta ahora, ya declararon cinco funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri, y entre ellos, el ministro de Educación, Mariano Narodowski. Sin embargo, el magistrado no habría reunido los elementos necesarios para aclarar qué función cumplió James como empleado contratado por más de un año y medio en las dependencias de la cartera educativa. Ni siquiera el ministro pudo decir con certeza a través de qué recomendación ingresó el imputado, primero en el área de auditoría interna y luego como asesor de su mano derecha, la jefa de su gabinete, Roxana Barroso.

Por el momento, en el juzgado no tienen previstas más citaciones a funcionarios del Gobierno porteño, mientras se abocan al análisis de los datos que ya han recolectado y la propia declaración de James, quien sería el responsable de solicitar en el juzgado de Misiones la intervención de teléfonos aduciendo que se relacionaba con un expediente sobre piratas del asfalto y un asesinato. El imputado, también ex policía Federal hasta setiembre pasado, admitió, inclusive, que retiró las grabaciones de las oficinas de la SIDE, aun cuando ya había renunciado a la fuerza. Luego renunció al Gobierno porteño, presuntamente por tener la seguridad de ingresar a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ya que la ley no permite tener dos puestos en la administración porteña.

Datos que ya llegaron al juzgado también fueron acercados al legislador opositor a Macri Aníbal Ibarra, quien durante el fin de semana sostuvo que James habría estado trabajando ya en el Ministerio de Seguridad que conduce Guillermo Montenegro y hasta tendría asignada una oficina, a pesar de no haber sido nombrado. Sin embargo, el jefe de la Policía porteña, Osvaldo Chamorro, cuando fue a brindar su testimonio ante Oyarbide, aseguró que James estaba preseleccionado para ingresar a la fuerza, pero que no lo había hecho, y además dijo que Montenegro no estaba al tanto de esa futura designación.

Hasta el momento, Macri no se ha pronunciado al respecto, mientras que su bloque de diputados, en la Legislatura porteña, intentará esta semana frenar la sanción de un pedido de interpelación al ministro de Seguridad.

El Gobierno porteño pospuso la concurrencia de Montenegro a la Legislatura, prevista para hoy, en el marco de la ronda de debates sobre el Presupuesto 2010. Para evitar que el encuentro se transformara en una embestida a pedido del Gobierno de la Ciudad, la Comisión de Presupuesto, que preside Álvaro González, cambió el cronograma de visitas de los ministros.

Para el miércoles está pedida una sesión especial en la que las bancadas del antimacrismo quieren sancionar la norma para citar el ministro, pero el PRO ya ofreció canjear la medida por la concurrencia del funcionario a la Comisión de Justicia que preside Martín Borrelli. En cambio, no hay acuerdo entre la oposición para pedir la citación del ministro de Educación en relación con los contratos de empleo con el abogado James, que fueron encontrados en el allanamiento a su domicilio, ordenado por Oyarbide hace diez días.

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