La segunda intervención de la Corte Suprema en el sensible capítulo de la libertad sindical aparece como la antesala de un tercer fallo del máximo tribunal contra tramos clave de la Ley de Asociaciones Sindicales, matriz sobre la que se sostiene el monopolio gremial.
La declaración de inconstitucionalidad del artículo 52, eco del fallo de noviembre de 2008 que hizo lo propio con el 42, generó malestar y preocupación en la CGT que espera, además, que la embestida de la Corte contra el histórico, y rígido, modelo sindical argentino.
El tribunal tiene en análisis un expediente que gira en torno a la posibilidad de nuevos gremios, en actividades específicas, que aparecen contempladas en los artículos 29 y 30 de la Ley 23.551, que ya «perdió» por fallos judiciales los artículos 41 -inciso a- y 52.
El caso enfrenta al gremio legislativo APL, que encabeza Norberto Di Próspero, y al sindicato naciente APOS que inició los trámites, en 2004, para conformar una asociación de personal superior que fue resistida por APL, UPCN e, incluso, ATE.
Prevenidos de un revés, que podría terminar con la declaración de inconstitucionalidad del 29 y el 30, APL desistió de la acción en la Corte con lo que, explícitamente, aceptó la existencia de otro sindicato en su misma actividad, llamado APOS.
Sin embargo, esa presentación no fue todavía resuelta por el tribunal. En caso de que rechace el desistimiento -presumible luego del fallo de anteayer- debería volver sobre la cuestión de fondo y dictaminar sobre los dos artículos en discusión en el conflicto APL-APOS.
Lo actuado por el espacio de Di Próspero fue, en lo formal, una admisión de que el proceso de libertad sindical -al menos en el frente judicial- es imparable. Di Próspero es un dirigente del núcleo duro del moyanismo y, desde ese lugar, buscó anticiparse a un revés.
En rigor, en CGT se preparan para un secuencia de acciones similares, lo que no morigera la furia de Hugo Moyano y los suyos contra lo actuado por la Corte. De hecho, el camionero le dio un impulso adicional a su acto del 15 donde habría algún mensaje hacia la Corte.
No es un dato menor. En ese encuentro, el camionero tiene previsto contar con dos visitas estelares: Cristina y Néstor Kirchner (ver aparte).
Ayer, como única respuesta, el cortesano Carlos Fayt le disparó una parrafada hiriente a la CGT. Luego de afirmar que el fallo no está dirigido a esa central, deslizó una ironía. «En cuanto pellizcan el poder que tienen, pueden sentirse cosquillosos» dijo.
Derivaciones
En tanto, se abren varios frentes simultáneos porque la traducción del fallo genera discrepancias:
La CTA, que hizo de la libertad sindical una bandera -y festeja cada fallo como un triunfo-, prepara la interpretación de que la acción difundida anteayer por la Corte, referida a otorgar inmunidad sindical a los delegados de gremios no reconocidos, alcanza incluso para los gremios «simplemente incriptos». Con esa mirada, interesada, la sola aparición de un gremio y su trámite de inscripción, les permitiría a sus referentes contar con inmunidad sindical. La postura de la CTA que encabeza Hugo Yaski se ensambla con planteos puntuales como la demanda de los trabajadores de subtes que pulsean para que los reconozcan como gremio autónomo de la UTA de Roberto Fernández, asunto que genera conflicto entre este dirigente y Moyano, que defiende la postura de UTA pero considera una «batalla perdida».
En CGT, en tanto, son más cautos y advierten que el alcance real del fallo de los cortesanos es limitado: usan un argumento legal según el cual el fallo fue para «corregir» la inconstitucional del 41, que elimina la obligatoriedad de que los delegados para ser electos deban estar afiliados a un sindicato. El soporte político refiere a que, en sí, esa «apertura» no derivará en surgimiento masivo de gremios. Ese es el temor de fondo -que comparten el Gobierno y los empresarios- porque una diversificación de sindicatos podría contribuir a la conflictividad sindical.
El tercer aspecto se vincula a la Ley de Asociaciones Sindicales, a la que le tacharon ya dos artículos, barrida que podría ampliarse a otros dos. Sin embargo, la CGT advirtió que aunque acepte, bajo protesta, los fallos judiciales pero no están dispuesta a aceptar una reforma de la ley o, menos aún, la sanción de una nueva norma. En ese punto tienen el OK del Gobierno. Lo expuso, en varias ocasiones, Carlos Tomada y dos semanas atrás lo reafirmó, en público, Cristina de Kirchner cuando defendió el modelo sindical, monopólico, que tiene como cabeza a la CGT de Moyano.
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