Ferreyra: fiscal investiga si hubo protección policial

Cristian Favale

La actuación de la Policía Federal durante los incidentes que terminaron con el asesinato del activista del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyserá el próximo objetivo de los investigadores del caso. La fiscal Cristina Caamaño prevé pedir la indagatoria de por lo menos cinco efectivos que tomaron participación directa o indirecta en el seguimiento de la protesta de los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, el 20 de octubre pasado, y del operativo posterior, cuando un grupo identificado con el sindicato Unión Ferroviaria (UF) les salió al cruce.

La fiscal avanzará sobre esta línea de investigación mientras en la Cámara del Crimen los magistrados analizan las apelaciones presentadas por los defensores de los siete detenidos. El tribunal prevé resolver esas apelaciones en una audiencia oral el 22 de diciembre, lo que dejará buena parte del expediente en suspenso hasta entonces. En función de esos tiempos se cree que la jueza Susana Wilma López dejará para después de fin de año la eventual citación a indagatoria de José Pedraza, secretario general de la UF, y de su segundo en el gremio, Juan Carlos «Gallego» Fernández, pedidas en ambos casos por la fiscal.

Sin embargo, Caamaño se quedó con la parte del expediente -que ya acumula más de 20 cuerpos de 200 fojas cada uno- en donde constan las desgrabaciones de las comunicaciones entre los efectivos policiales que participaron del operativo que comenzó en la localidad de Avellaneda y siguió en el barrio porteño de Barracas.

Entre los investigadores dijeron que la fiscal prevé pedir el llamado a indagatoria de por lo menos cinco policías a partir de los diálogos mantenidos entre los efectivos en las dos horas previas al crimen de Ferreyra.

Pero la lista podría engrosarse una vez que Caamaño y la jueza analicen las conversaciones de la hora posterior al asesinato, recogidas durante un allanamiento que ambas encabezaron días atrás en el Departamento Central de Policía.

El PO denunció, pocas horas después del homicidio, la existencia de una supuesta «zona liberada» por parte de la Federal para facilitar el accionar del grupo identificado con el sindicato e integrado por afiliados al gremio y barras bravas. Sin embargo, el mismo día el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, defendió la labor policial, dijo que había evitado un primer enfrentamiento entre ambos grupos en Avellaneda y completó: «No buscan solución de una zona liberada».

En las primeras cintas que fueron incorporadas al expediente, una de las órdenes de un jefe del operativo a sus subordinados fue mantenerse expectantes en momentos en que el grupo de la Unión Ferroviaria avanzaba hacia el sector donde se encontraban los tercerizados.

Fuera del análisis de la actuación de la Policía se prevén dos semanas de relativa tranquilidad en la causa. Recién el 22 la Cámara resolverá acerca de las apelaciones de los detenidos: Cristian «Harry» Favale, Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez objetaron haber sido procesados con prisión preventiva; en tanto que Pablo Díaz, Gabriel Sánchez, Jorge Daniel González y Francisco Pipito lo hicieron sobre la denegatoria de sus excarcelaciones, resuelta por la jueza López.

De acuerdo con los procesamientos, la jueza adjudicó a cada imputado su presunto papel durante los incidentes en Barracas: los barra bravas Favale y Sánchez, como tiradores; Uño, como tercer portador de arma pero al parecer sin llegar a accionarla; Pérez, como encargado de recolectar los revólveres y ocultarlos después; el delegado Díaz, del Roca, como supuesto organizador, y Pipito y González como responsables de evitar la filmación de un canal de noticias.