La causa en la que se investiga un supuesto intento de coima a jueces durante la investigación por el asesinato del activista Mariano Ferreyra quedó a un paso de ser elevada a juicio oral. La Corte Suprema rechazó "por inadmisible" un recurso presentado por la defensa de uno de los acusados por la maniobra bajo análisis. En este expediente está procesado el exsindicalista José Pedraza, a su vez condenado a 15 años de prisión como partícipe necesario del homicidio, junto a un exjuez subrogante, un exagente de la SIDE y un exfuncionario judicial.
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La pesquisa por "cohecho y tráfico de influencias" fue anticipada en exclusiva por este diario el 27 de enero de 2011, cuando Pedraza todavía estaba en libertad y se hizo alusión a un "operativo excarcelación para salvar" al entonces líder de la Unión Ferroviaria. El mismo día en que fue publicada la nota, la jueza de Instrucción Susana Wilma López ordenó un allanamiento en el estudio jurídico del exjuez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, quien fue el primer defensor del imputado Guillermo Uño, en donde se encontró dinero que presuntamente iba a ser destinado al pago de sobornos a jueces de Casación.
Sobre la base de escuchas telefónicas, la magistrada que estaba a cargo de la causa por el crimen de Ferreyra rastreó conversaciones entre Pedraza y el exagente de Inteligencia Juan José Riquelme, habitué de Tribunales, y con Ángel Stafforini, entonces contador del gremio ferroviario y vicepresidente del tren Belgrano Cargas. También eran mencionados Aráoz de Lamadrid y Luis Ameghino Escobar, exfuncionario judicial a cargo del área de sorteos de la Cámara de Casación. Entre ellos hablaban de un supuesto pago a jueces de esa alzada, entre los que se señalaba presuntamente a Eduardo Riggi, quien había tenido como empleado a Aráoz de Lamadrid, pero que en definitiva no fue incorporado al expediente paralelo por no haber existido pruebas, en la instrucción, de su conocimiento sobre la maniobra.
En Casación, los defensores de los acusados por el crimen de Ferreyra daban por hecho que recaerían sus apelaciones contra los procesamientos de los sindicados como responsables directos del asesinato. En caso de un fallo favorable, se hubiese visto aliviada la situación procesal de Pedraza, que en parte gracias a las escuchas terminó más complicado en la causa principal. Cuando recogió los cruces telefónicos, la jueza López extrajo testimonios y envió a sorteo el expediente, que fue a parar a su entonces colega Luis Rodríguez.
La Corte rechazó el 17 de septiembre un recurso de queja presentado por la defensa de Ameghino Escobar, a quien la investigación sindicó como elegido para manipular el sorteo de las apelaciones presentadas por los abogados de los miembros de la patota de la Unión Ferroviaria sentenciada por el crimen. El pedido del exfuncionario judicial había sido presentado por su abogado, Alfredo Bisordi, exjuez de Casación Penal y quien renunció a ese cargo tras mantener enfrentamientos con el Gobierno por su postura frente a causas de lesa humanidad.
El rechazo de la Corte contó con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Enrique Petracchi. La resolución dejó el expediente al borde de ser elevado a la instancia de juicio oral y público.
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