Fiscal pide citar a Pedraza por Ferreyra

José Pedraza

El secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y el colaborador de máxima confianza en el gremio Juan Carlos «Gallego» Fernández sumaron una preocupación en la causa en la que se investiga el asesinato del activista del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra: la fiscal Cristina Caamaño pidió indagarlos para analizar su eventual responsabilidad en los incidentes del 20 de octubre pasado, en Barracas. Caamaño elevó el pedido hace diez días a la jueza Susana Wilma López, pero la novedad recién trascendió ayer.

Los investigadores explicaron que la magistrada todavía no había resuelto sobre el pedido de la fiscal a la espera de la resolución de la situación procesal de los siete detenidos. El miércoles la jueza los procesó por el delito de presunto homicidio calificado, intento de homicidio (los tres heridos en los incidentes) y coacción agravada (amenazas a un equipo periodístico).

Con ese paso zanjado, se espera que la jueza llame en los próximos días a Pedraza y a Fernández, como había anticipado este diario la semana pasada.

Pedraza ya había declarado, pero como testigo, poco después del homicidio de Ferreyra. En esa ocasión aseguró desconocer cómo se habían producido los incidentes y negó cualquier vinculación con el armado de un grupo de trabajadores ferroviarios y barras bravas para disolver una protesta de tercerizados, como quedó acreditado en el auto de procesamiento de este miércoles.

Durante la investigación, la jueza y la fiscal recibieron testimonios y escucharon entrecruzamientos telefónicos que aludieron a la posible responsabilidad de la cúpula del sindicato.

Hasta ahora, la máxima figura del gremio implicada es Pablo Díaz, delegado gremial de la ex línea Roca y que fue detenido y procesado tras haber sido sindicado como el organizador del contrapiquete.

En su resolución de anteayer, la jueza dio por acreditado que luego de producida la balacera que alcanzó a Ferreyra y a otros tres militantes, «a Pablo Díaz le sonó el handy anunciando que lo había llamado el Gallego Fernández», quien de acuerdo con los testimonios y los cruces telefónicos le habría dicho que se retirasen del lugar.

En tanto, la jueza y la fiscal buscarán establecer el grado de responsabilidad de los efectivos de la Policía Federal a cargo del operativo de custodia de la protesta de los trabajadores tercerizados en la supuesta creación de una «zona liberada» para facilitar el accionar del grupo integrado por ferroviarios y barras bravas. Con ese propósito, ambas encabezaron el miércoles un allanamiento en el Departamento Central de Policía, de donde retiraron un CD complementario con audios de las comunicaciones entre el personal durante el operativo.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, negó ayer en su blog la existencia de un allanamiento y dijo en cambio que se trató de una «orden de presentación». Sin embargo, los investigadores confirmaron el carácter de allanamiento del procedimiento.

López y Caamaño retiraron las grabaciones correspondientes a los audios policiales registrados entre las 14 y las 15 del 20 de octubre, minutos después de que Ferreyra cayera muerto por un balazo en el abdomen. Hasta ahora contaban con los audios de la franja entre las 12 y las 14.