Fiscal pide citar a Zanola y sra. por el remediosgate

El fiscal Luis Comparatore pidió ayer al juez Norberto Oyarbide que convoque al secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, a «escuchar en autos» su testimonio, en el marco de la causa que investiga la presunta adulteración y venta ilegal de medicamentos de la droguería San Javier a obras sociales como la de La Bancaria (OSBA), así como recomendó que se paute una cita con el sindicalista «en caso de que viaje al exterior».

La cautela lingüística quedó reservada sólo para el titular del gremio -cuyas próximas elecciones el 23 de setiembre amenazan con politizar la investigación judicial-, ya que los términos no fueron los mismos para Paula Margarita Avalay, actual pareja de Zanola, según el sindicalista opositor Hugo Dessal. «Habiendo tomado conocimiento de la existencia de una mujer que se apellidaría Avalay, quien se encontraba a cargo del control de todas las clínicas y hospitales que prestaban servicios a la Obra Social Bancaria, entiendo que deviene pertinente se proceda a su correcta individualización y, asimismo, se le reciba declaración indagatoria», solicitó el fiscal.

La prevención de citar a Zanola a indagatoria, así como de prohibirle la salida del país sólo dan la pauta del impacto que la investigación de Oyarbide podría tener, no sólo sobre La Bancaria, sino también sobre otros gremios, cuyas obras sociales ya se están indagando. Tanto el juez como el fiscal han mantenido en reserva estos nombres, si bien trascendió que entre ellas se encuentran la de los sindicatos de Obras Sanitarias, la de Correos y Telégrafos y la UTEDIC. También existe una causa que tramitó en el juzgado de Ariel Lijo por el supuesto fraude en la venta de medicamentos a la obra social del Ministerio de Economía.

Por su parte, «el Banquero» aseguró ayer: «Estoy a disposición del juez si me llama a declarar», y se defendió una vez más de las acusaciones en su contra, a las que vinculó con las inminentes elecciones del gremio, posición que sostuvo desde que estalló el tema, a finales de la semana pasada. Zanola agregó que hay «una auditoría interna y externa» sobre la calidad de los remedios a disposición de la obra social para «llevar tranquilidad a los afiliados». Días atrás también había defendido su gestión argumentando que la ANMAT era la encargada de supervisar la venta de medicamentos.

Patrimonios

Comparatore requirió, además, que «se investigue la evolución patrimonial de las personas involucradas en el sumario», incluidos los funcionarios públicos, como el ex subsecretario de Control Sanitario bonaerense, Alberto Costa, quien fue relevado de su puesto el lunes pasado por sus supuestas implicancias en el caso. Según reveló Oyarbide ese día, existen escuchas «muy complicadas» entre Lorenzo, principal imputado en el caso, y el ahora ex funcionario.

El fiscal también pidió que se sumen al expediente las pruebas obtenidas en la causa «Yectafer», en la que murió un grupo de mujeres embarazadas tras recibir dosis de un medicamento de hierro supuestamente «adulterado», que tenía ese nombre. Por esa investigación, Oyarbide arrestó el miércoles pasado a cuatro personas, durante el megaoperativo que impulsó en el que se allanaron 19 establecimientos, y se también se detuvo al dueño de un depósito, presuntamente vinculado a Lorenzo, donde se encontró -incluso bajo tierra- una gran cantidad de remedios falsificados, vencidos, robados.

Las otras dos medidas que impulsó Comparatore fueron, por un lado, que se le dé intervención a Interpol para «establecer si los medicamentos que se investigan fueron sólo comercializados dentro del territorio de la Nación Argentina, o si se trascendieron las fronteras». Por otro lado, el fiscal pidió que se le demandara a Lijo «el listado de todos aquellas personas físicas o jurídicas que hayan efectuado aportes a la campaña electoral» del Frente para la Victoria de 2007. Este juez investiga a Héctor Capaccioli, ex titular de la Superintendencia de Salud y ex jefe de campaña de la Presidente, por presunto tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

En este sentido, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aclaró ayer que Lorenzo «no hizo ningún aporte» a la campaña presidencial «ni directa ni indirectamente», si bien admitió que «puede que haya» algún aporte de fondos en la campaña presidencial de Cristina Kirchner de 2007 proveniente del tráfico ilegal de medicamentos. «Si así fuera, yo no sé quién es el responsable de finanzas del partido, pero será el que va a tener que analizar qué fue lo que sucedió, y el que hizo el seguimiento de los dineros para saber cómo fue lo sucedido en ese caso», señaló el jefe de ministros

Al respecto, desde la fiscalía electoral a cargo de Jorge Di Lello, que investiga presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial, aseguraron ayer que todos los cheques denunciados, entre ellos los de Sebastián Forza, Julio Posse, Carlos Torres y Gabriel Brito (titular de Global Pharmacy y no de Farmacity, como aclaró ayer esta empresa), habían sido verificados por la Justicia electoral. El punto es ahora conocer las grabaciones que Servini de Cubría pidió a Oyarbide y ver si en ese material hay alguna referencia a un supuesto origen ilícito del dinero aportado por estas droguerías a la campaña de Cristina de Kirchner.