12 de diciembre 2013 - 00:45

FMI emplazó a la Argentina: misiones vuelven antes de febrero de 2015

• Es la fecha límite para que el Gobierno acepte aplicación del artículo IV que fiscaliza la marcha de la economía

Christine Lagarde y Hernán Lorenzino
Christine Lagarde y Hernán Lorenzino
En 2014, el Gobierno deberá tomar una decisión en lo económico políticamente compleja de aceptar para el kirchnerismo: el FMI les dejó claro a los representantes argentinos ante el organismo que entre septiembre del próximo año y febrero de 2015 deberá aceptar las tradicionales (para todo el mundo) misiones previstas en el artículo IV de la Carta Orgánica, y que en el país no se aceptan desde 2006, cuando Néstor Kirchner decidió cancelar la deuda con la entidad que maneja Christine Lagarde.

El artículo IV previsto por el FMI para todos sus socios implica que los Estados deben aceptar una vez por año la llegada de los técnicos que envíe el organismo a los despachos de los ministros de Economía y presidentes de los bancos centrales.

Allí los enviados revisan con más o menos detalle (dependiendo de las circunstancias) los números y estadísticas de la economía que los funcionarios aporten. En general se trata de revisiones poco detalladas y de simples verificaciones de los números que los propios países aportan unos meses antes y que forman parte de los informes globales que el FMI publica cada reunión anual de primavera (abril) u otoño (octubre).

Los técnicos que realizan estas misiones no son los más elevados en el staff de la entidad, y simplemente llegan al país, recogen las estadísticas, realizan las preguntas que sus jefes inmediatos les recomiendan y parten nuevamente a Washington, donde los datos luego son procesados.

Por lo general, las revisiones sólo aportan alguna crítica de funcionamiento o recomendación sin radicalizaciones, salvo que se trate de un problema serio.

Es el caso argentino, que desde abril de 2010 recibió el pulgar abajo del organismo por la falta de credibilidad en sus estadísticas de inflación derivadas del IPC (ya en plena intervención y diseño gráfico de Guillermo Moreno) y su principal derivado, el Producto Bruto Interno (PBI). Ese mes se les aclaró y advirtió a los contactos del Gobierno argentino (en esos momentos el exembajador en Washington Jorge Argüello), que si no modificaba esa medición comenzaría un periplo de potenciales sanciones verbales primero y concretas después.

No hubo mayor atención desde la Argentina a estas señales que Lagarde se encargaba de enviar hacia Buenos Aires, hasta que en septiembre del año pasado, la exministra de Hacienda de Francia declaró que si el país no modificaba su IPC, recibiría "una tarjeta amarilla".

Hubo luego acusaciones cruzadas entre Cristina de Kirchner, el entonces ministro de Economía Hernán Lorenzino y la directora gerente del Fondo; hasta que en febrero pasado el directorio del organismo financiero internacional directamente falló con una "moción de censura" a la Argentina, a aplicarse desde septiembre de este año si el país insistía en el IPC morenista como indicador principal.

El Gobierno tomó recién allí la advertencia, y comenzó una rueda de negociaciones secretas entre Lorenzino y el director gerente para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner. El mexicano le aclaró al exministro que era indispensable trabajar en un nuevo índice de inflación y que la amenaza de retirarle el poder de voto en el directorio del organismo al país venía, esta vez, en serio.

Lorenzino envió primero un primer "paper" con un nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPCNu), elaborado sobre la base de una recomendación técnica que había realizado un técnico del organismo, el británico Robert Rennhack a mediados de 2010 por invitación del exministro de Economía Amado Boudou, y que finalmente fue dado a conocer públicamente por el Gobierno hace tres meses. Lorenzino negoció luego con Lagarde, en la cumbre del Fondo en octubre pasado, que se aplicaría el nuevo IPCNu desde febrero, y que la próxima reunión del directorio de marzo le daría el visto bueno para continuar operando.

Finalmente, Lorenzino también había acordado que no haya revisión hacia atrás y que el nuevo IPCNu sea una nueva etapa en la relación bilateral. Sin embargo, el FMI fue duro en un punto concreto. En la reunión de directorio del lunes pasado, los delegados argentinos (el representante ante el organismo Sergio Chodos y la embajadora ante EE.UU. Cecilia Nahón) escucharon de parte de los directores delegados del Fondo que se le aplicaría al país un duro cronograma y que éste incluía un período de prueba entre septiembre de 2014 y febrero de 2015; la necesidad de evaluar seriamente volver a las inspecciones previstas en ese artículo IV. Concretamente, el FMI quiere ver cómo funciona ese nuevo indicador, si verdaderamente expresa la realidad de los precios en la economía argentina y si el PBI derivado tiene características de realismo.

Para esto, aclararon, es necesario que técnicos del organismo viajen a Buenos Aires y revisen, in situ, las cuentas e indicadores locales; esto es, la ejecución de una misión prevista en ese artículo IV.

En Economía confían en que esas inspecciones no serán complejas y que avalarán el nuevo IPCNu que desde febrero será una realidad local. El problema que se anticipa es político.

El kirchnerismo siempre hizo de la falta de este tipo de misiones desde hace ya casi siete años una bandera de liberación política, económica y financiera. Volver a recibir a los enviados del FMI, y a darles explicaciones sobre las decisiones del Palacio de Hacienda, será algo difícil de explicar puertas adentro y hacia afuera del movimiento.

Igualmente, si el Gobierno quiere en serio avanzar con algún acuerdo con el Club de París para cancelar la deuda de u$s 9.750 millones (sin actualizar desde 2012), deberá obligatoriamente aceptar estas misiones, ya que el estatuto de ese grupo de países acreedores reclama que los hombres del FMI circulen y revisen las cuentas, como paso previo para firmar cualquier tipo de plan de pagos. Se sabe que una de las misiones de Hernán Lorenzino como responsable de negociar parte de la deuda externa será tratar este capítulo ante los delegados del Club de París.

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