El texto, conocido como "Ley Macron" por el nombre del ministro de Economía, Emmanuel Macron, prevé medidas como la apertura de comercios doce domingos al año, la revisión de las tarifas que aplican desde jueces hasta notarios, la apertura de los transportes urbanos a la competencia o medidas para flexibilizar el mercado laboral, la vivienda y el medio ambiente.
El primer ministro francés, Manuel Valls, explicó que recurría al artículo 49-3 de la Constitución (ver recuadro aparte) que permite al Gobierno obviar al Parlamento ante el riesgo de "un rechazo" del texto, debido a la oposición al mismo de un sector de su grupo parlamentario.
Los opositores dentro del propio Partido Socialista están en contra de que esta ley flexibilice el código laboral y en particular, se amplíe de cinco a doce los domingos laborables.
En horas previas a la votación, Valls comprendió que los críticos dentro del oficialismo, que cuenta con 288 escaños, iban a votar en contra de la "Ley Macron", al igual que lo haría la gran mayoría de los diputados ecologistas, así como los del Frente de Izquierda y la mayor parte de la derecha haciendo correr el riesgo de perder la votación.
Ante ese escenario, el presidente, François Hollande, autorizó a Valls a recurrir a este artículo de la Constitución. "La gente espera que el Gobierno actúe y no pierda más tiempo", se justificó el premier luego del decretazo. "Continuaremos con las reformas hasta el final. Tengo carburante", agregó.
Valls explicó ante el pleno legislativo que la ley de reforma económica es "esencial" y que, "ante el riesgo" de que el Parlamento no la aprobara, había decidido echar mano de ese permiso constitucional.
El ministro Macron, que sufrió así su primer revés político, lamentó que los opositores a su ley constituyan "una forma de unión" de aquellos "que no quieren cambiar el país".
"Francia está contra la pared y el statu quo ya no es una opción. Necesitamos un nuevo respiro", dijo este exbanquero de 36 años, al presentar su texto, muy criticado por sus detractores que indican que responde a las exigencias de los empresarios, pese a que éstos consideran que no fue suficientemente lejos para incentivar la economía.
El paquete de reformas también busca persuadir a la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión Europea) para que le dé a París más tiempo para poner sus finanzas públicas en línea con las reglas del bloque.
Utilizar una vía excepcional como ésta "es una medida de precaución", comentó el politólogo Philippe Braud, ya que aunque no se excluía un voto positivo gracias a algunos apoyos de la derecha y del centro, "para un Gobierno siempre es molesto deber el éxito a una parte de la oposición".
Es la primera vez que se recurre al artículo 49-3 desde 2006, cuando el entonces primer ministro Dominique de Villepin lo utilizó para aprobar la ley que facilitaba la primera contratación de los jóvenes, fustigada en aquella época por el actual presidente Hollande, quien era diputado. "Es una violación de los derechos del Parlamento, una brutalidad, una negación de la democracia, una forma de impedir o frenar el debate parlamentario", declaraba entonces.
Los legisladores de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), principal grupo de oposición de derecha, anunciaron la presentación de una moción de censura contra el Gobierno, que será debatida mañana y es la única herramienta legislativa para dejar sin efecto el decreto de Valls. Si fuera aprobada, lo que parece improbable dada la relación de fuerzas en el Parlamento, el Ejecutivo tendría que dimitir.
"La verdad estalla a la luz del día: no hay ni mayoría ni Gobierno", comentó en Twitter el expresidente de derecha, Nicolas Sarkozy, jefe del UMP. Marine Le Pen, presidenta del ultraderechista Frente Nacional (con sólo dos escaños en el hemiciclo pero un apoyo del 30% en las encuestas) pidió la dimisión del Gobierno y la celebración de elecciones anticipadas.
| Agencias AFP, EFE, Reuters, ANSA y DPA |
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