Fuerza Senado al Gobierno a difundir más información

Julio Cobos y el kirchnerista Miguel Pichetto coordinan la sesión donde se votó por unanimidad.

Inédito el clima ecuménico que dominó la sesión del Senado previo al Rosh Hashaná, donde kirchneristas y opositores aprobaron por unanimidad el proyecto de ley de acceso a la información pública. La iniciativa, que obliga a los tres poderes del Estado y a todas las entidades estatales a brindar información sobre sus actividades a todas las personas que lo requieran, se votó en general y la discusión en particular pasó para el 30 de este mes.

El dictamen, basado en un proyecto presentado por el senador Samuel Cabanchik, fue sancionada a pesar de la resistencia de algunos legisladores, como María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, que prefería una iniciativa similar del radical Ricardo Gil Lavedra que aguarda su tratamiento en Diputados. En caso de ser aprobada también en Diputados, la ley reemplazará al Decreto 1.172 firmado por Néstor Kirchner en 2003 que, más allá de su vigencia, no siempre fue cumplido a la hora de requerir información a organismos estatales.

Ayer en el Senado, la iniciativa sólo fue aprobada en general y el tratamiento en particular, en el que algunos bloques propondrán modificar algunos artículos e incluir aspectos del proyecto de Diputados, se realizará el 30 de setiembre, el mismo día en que se debatirá la ley de glaciares.

El proyecto establece que «toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna» y agrega que las personas obligadas a brindar esa información deben hacerlo con «celeridad» y de forma gratuita.

El proyecto especifica además que los sujetos obligados son los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; la Sindicatura y la Auditoría General de la Nación; la Defensoría del Pueblo; los entes reguladores de servicios públicos; empresas y sociedades del Estado y universidades públicas, aunque también afecta a los sindicatos y las obras sociales.

La autoridad de aplicación de la ley será el centro de acceso a la información pública (CAIP), que deberá ser creado en cada uno de los tres poderes del Estado y que estará integrado por un director y un director adjunto designados por concurso público por el plazo de cinco años sin poder ser reelegidos.

Audiencias públicas

«Durante el proceso de selección (de las autoridades) deberán realizarse audiencias públicas. Las designaciones propuestas por los

distintos poderes públicos deberán contar necesariamente con el acuerdo del Senado», sostiene el artículo 20 del proyecto.

La única excepción que prevé la iniciativa es aquella información reservada «por disposición expresa de una ley, el secreto industrial, comercial, financiero, científico o técnico y la información protegida por el secreto profesional».

Estenssoro se mostró molesta con la autoridad de aplicación prevista y sostuvo que la iniciativa de Diputados establece que los directivos de la autoridad de aplicación deben contar con el aval de las dos cámaras del Congreso, a diferencia del proyecto del Senado, donde se establece que sólo es necesaria la aprobación de una sola.

Además, Estenssoro afirmó que existe un contexto «anómalo respecto del acceso a la información y libertad de prensa», por lo que consideró necesario que se debata «una buena ley», al tiempo que dijo no entender el apuro por tratar este proyecto.

En respuesta, Cabanchik advirtió que el dictamen de la Cámara baja no fija concurso para la elección de directivos de la autoridad de aplicación y que «se les permite la reelección por cinco años más y se les fija el sueldo».

«Si nos ponemos a hacer un estudio comparativo veremos que algunas cosas son mejores en uno y otras mejores en otro. No veo cómo de esa comparación vamos a inferir que ni siquiera se puede votar en general», manifestó el senador de Probafe.