Ganancias: fallo de la Corte por deducciones

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ) ha declarado la inconstitucionalidad del art. 2º de la Ley 25.345, conocida como "Ley Antievasión", en la causa "Mera Miguel Ángel". Esta norma dispone la prohibición de la deducción del gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o cómputo del crédito fiscal en el IVA de las operaciones (superiores a $ 1.000) que no se hayan cancelado con cheque o con otros de los medios de pago que señala.

El aspecto más criticable de esa disposición no lo es el requerimiento de la bancarización en sí mismo, sino su previsión en cuanto a que las consecuencias señaladas no admiten la prueba acerca de la veracidad de las operaciones. Es decir, conforme a la letra de la ley, operaciones genuinas se tendrán por inexistentes para el pagador, por el sólo hecho de abonarlas en efectivo.

La Corte Suprema afirmó que el art. 2° de la ley antievasión al prohibir lisa y llanamente el cómputo de las operaciones cuyos pagos se hayan efectuado por medios distintos de los autorizados por esa ley, establece una ficción legal que pretende desconocer los efectos de operaciones relevantes para la correcta determinación de la base imponible. Esa ficción no respeta el principio de razonabilidad cuando, como en el caso analizado, la existencia y veracidad de las operaciones había sido fehacientemente comprobada.

Agregó el Máximo Tribunal que la exigencia de un deber formal (esto es, la utilización de determinados medios de pago) no puede de ningún modo prescindir de la real existencia de capacidad contributiva, condición que debe verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez.

Sería un error apreciar esa sentencia como un hecho aislado, pues ésta sigue la tendencia de otros pronunciamientos del alto tribunal que hacen gala de la defensa de los principios de tributación adoptados por nuestra Constitución nacional y frenan la vigencia de leyes que, en casos concretos, distorsionan la cuantía del tributo conforme a tales postulados. Así es bien conocido el caso "Candy" a partir del cual debe admitirse aplicar el ajuste por inflación cuando la empresa pueda demostrar que, de no hacerlo, la tasa efectiva del Impuesto a las Ganancias se eleva a niveles confiscatorios, al absorber una parte sustancial de la renta, y en muchos casos, el patrimonio mismo. Otro hito lo marcó la causa "Hermitage" que declaró la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia mínima presunta en casos en los que la empresa había sufrido quebrantos siendo entonces ilusoria la ganancia presumida por la ley.

En particular, ¿qué es lo que trasciende de la causa Mera? Que la CSJ no avala una solución legislativa facilista dictada en aras de lograr la bancarización bajo la amenaza de ignorar los efectos fiscales sobre la adquisición o gasto por el solo hecho del incumplimiento en la forma de pago. Sin embargo, no debe caerse en el error de considerar que el fallo implica una descalificación in abstracto de la Ley Antievasión. La tajante decisión se ha tomado en un caso en el que no había margen de duda acerca de la veracidad de las respectivas operaciones, y es solamente ante tal circunstancia que la AFIP se vería impedida de aplicar las consecuencias de la norma en cuestión.

En adición, los contribuyentes deberán tener en cuenta otro aspecto asociado a los pagos en efectivo, cual es la procedencia de ingresar el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios cuando los pagos en efectivo se realicen a través de un sistema de pagos organizado para evitar el uso de la cuenta corriente bancaria, concepto este último contemplado por una resolución de AFIP, cuyo alcance se encuentra hoy en plena discusión ante la Corte. Es decir que el pago en efectivo de operaciones genuinas puede abrir una contingencia frente al gravamen citado, equivalente al 1,2% de tales pagos.



*Contadora pública nacional

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