Gesto: la Corte blindó las retenciones

 La saga de citaciones, allanamientos y amparos que por estos días enrarecen la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial encontró ayer un stand-by en el acuerdo de ministros de la Corte Suprema. El penúltimo cónclave del año tuvo por objetivo habilitar los cargos de una nueva instancia de Casación creada por el oficialismo y al mismo tiempo preservar las arcas estatales de un litigio fundado en los objetos colaterales de un tratado del Mercosur. En paralelo en el Consejo de la Magistratura, de mayoría kirchnerista, se daban de baja decenas de denuncias contra jueces y se tomaba nota de un llamativo olvido.

Participaron los cinco ministros. Ricardo Lorenzetti señaló que la titular de la Magistratura, la camarista Gabriela Vázquez, le había solicitado, en la primera reunión que tuvieron con la jueza ya como titular del cuerpo colegiado, tomarles juramento a los miembros de la nueva Casación.

Lorenzetti tenía alguna reserva respecto de los "casadores" (así se autodenomina ese grupo de jueces que hace un año tienen decreto presidencial que los nombra, pero no contaban hasta ahora con sus despachos), especialmente por algunas gestiones realizadas por la jueza María Laura Garrigós de Rébori, quien se habría dirigido al justice en términos poco decorosos, especialmente en ciertos mensajes de texto.

Este grupo de jueces incluye representantes de Justicia Legítima, pero también nombres del ala más conservadora. La reunión más áspera en la Corte, cuando impulsaban por su asunción, fue con Elena Highton de Nolasco y fue cuando uno de los "casadores" manifestó su decisión de querellar a la Corte. El encuentro no terminó bien.

En las últimas semana quedaron organizados todos los detalles logísticos. La nueva Casación funcionará en un edificio cedido por el Ministerio de Justicia, y Lorenzetti les tomará el juramento a los nuevos camaristas el 18 de diciembre. El efecto expansivo de ese acto llegará hasta la Casación federal, donde tramitan las causas que interesan al poder político y económico.

Allí existen cuatro vacantes que podrían ser subrogadas en lo inmediato por jueces de la Casación ordinaria. Al mismo tiempo, en la Magistratura avanza el concurso para cubrir esos espacios de influencia. De hecho, ayer se conocían los primeros órdenes de mérito entre quienes concursan. El ranking indica que quedaron bien posicionados Guillermo Yacobucci (línea conservadora), Diego Barroetaveña (lista bordó, crítica al kirchnerismo), el abogado Maximiliano Rusconi, Fernando Arnedo (del staff de Lorenzetti) y el camarista de San Martín Daniel Petrone.

El concurso de Casación es el más importante ya que se trata de los cargos más encumbrados del Poder Judicial después de los ministros de la Corte.Por cuestiones de transparencia se requirió de un acto público para exponer el ranking de los candidatos para ocupar los sillones de la máxima instancia penal del país, que no mostró sorpresas desde el perfil y la trayectoria de los 47 aspirantes que en definitiva se sometieron a evaluación.

No se trata del único tema del Consejo que importa a la Corte en estas horas. Ayer en el cuarto piso detectaban que los consejeros del kirchnerimo en la Magistratura no habrìan notificado debidamente a Claudio Bonadio de la sanción administrativa que le impusieron la semana pasada porque faltarìa la diligencia en su público despacho, o sea, en el cuarto piso de ComdoroPy. Sin embargo desde el ministerio de Justicia replican que la notificación se presentó ante Cámara Federal el pasado 5 de diciembre.

Discrepancias reglamentarias que tienen por fondo el rol central que ocupa Bonadio en los cálculos de las distintas trincheras. De hecho, en un encuentro en Balcarce 50, la semana pasada Bonadio (que ayer envió a juicio oral al vicepresidente) fue ubicado en lo que sería el triàngulo de la ofensiva judicial contra el kirchnerimo: las otras dos puntas corresponden a Julián Ercolini y a Ariel Lijo.

Por otra parte la Corte dio por terminado ayer uno de los asuntos más sensibles que tramitaban en el tribunal que era el reclamo de una empresa que, a partir del Tratado de Asunciòn, reclamaba que no existieran aranceles para trasporte de cargas en el interior del Mercosur. D haberse concedido sería un golpe rotundo a las cuentas públicas porque afectarìa la recaudación mediante el sistema de retenciones. Firmaron Lorenzetti, Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Era una de las cuestiones que habían llevado a Axel Kicillof a incursionar en el cuarto pisos, meses atrás, la noche previa a viajar a Francia para acordar con el Club de París.

Banderas blancas desde la Corte que ayer encontraban una sintonía especial en la Magistratura donde la comisión de Disciplina en poder del oficialismo rechazaba 41 denuncias contra jueces.