Giro del oficialismo: firma exprés para la Corte, negociación y cumbre en el sur

 Ayer por la noche, desde la lejanía de Rio Negro, el nucleo duro del oficialismo comenzó a redireccionar la tensión actual generada por la polémica con la Corte Suprema de Justicia y la continuidad del juez Carlos Fayt.

En ese sentido, fue crucial un encuentro reservado con el senador Miguel Pichetto, que tiene a mano la artimética del Senado y que conoce a ciencia cierta cuántas voluntades se precisan para relanzar la posibilidad de instalar un candidato en la Corte que incluya algún acuerdo con los senadores del peronismo díscolo a la voluntad de Olivos.

Horas antes, Aníbal Fernández dio el primer paso para distender el clima y firmó la reasignación presupuestaria para que la Corte cumpliera con su paritaria y otorgara un aumento del 10% a todos los empleados del Poder Judicial.

Casi en paralelo se realizaron nuevas comunicaciones con el senador Adolfo Rodríguez Saá, quien por estas horas se ha convertido en un interlocutor valioso. Estas postura no es una novedad. El senador puntano siempre ha tenido una retórica frontal pero sus actos suelen ser más conciliadores, rasgo que Axel Kicillof conoce de cerca.

A partir de hoy la arremetida contra Fayt pasa a instancias más reflexivas. En el Gobierno ya se ha asumido que no existen los 2/3 para impulsar un jury y por eso no se registra una presentación formal, una denuncia en la Comisión de Juicio Político, nada que supere la elocuencia de Fernández.

Sin esos números, como explicaba Pichetto anoche, se trata de una pelea sin destino, sin que importe demasiado la voluntad de la diputada Anabael Fernández Sagasti. El mecanismo que la legisladora busca utilizar es irregular y de seguro así será entendido en instancia judicial.

En las últimas 48 horas creció el registro de daños y la noción de que no hay capital político en la embestida contra un juez que podrá ser cuestionado por su presente pero cuyo pasado es el de un jurista de prestigio. De ahí que el presente encierra una tónica distinta a los procesos que el kirchnerismo inició en sus comienzos contra jueces de la Corte. Fayt no es Julio Nazareno.

La otra instancia en la cual quedará en efecto el cambio de clima es en el Congreso, donde el kirchnerismo impulsa una reforma del Código Procesal Penal que otorgue a los fiscales mayores atribuciones para investigar causas sensibles. En Balcarce 50 se envían mensajes en el sentido de que el bloque oficialista del Congreso está dispuesto a negociar y a propiciar lugares comunes tanto con el sindicalismo judicial como con los magistrados. Así lo exteriorizaba ayer el camarista Ricardo Recondo luego de un intercambio telefónico con el Ministerio de Justicia.

En medio de esa búsqueda de sintonía quedaba descolocado ayer el comunicado que propició la jueza María Laura Garrigós de Rébori desde la corriente Justicia Legítima. Garrigós reclamaba "estar alertas" ante los amparos que el gremio de jueces introduciría contra la reforma. En realidad Garrigós está alerta por su propia situación, cuyo handicap se desinfla si las instancias inferiores a la Casación Penal que ella preside adquieren mayores facultades para los integrantes del ministerio público.

El oficialismo estaría dispuesto a negociar sobre la organización de las nuevas unidades fiscales y también sobre las condiciones de ese proceso en lo referido a la ubicación de los empleados de los juzgados, cuestión vital para el gremio que controla Julio Piumatto, de la CGT opositora. Esta incipiente sintonía, que fue anticipada por este diario hace dos semanas, tiene por protagonista excluyente a la procuradora Alejandra Gils Carbó.

La Corte ahora vuelve a ser un terreno más neutral, las emociones pasarán a la política, especialmente si el oficialismo cristaliza su intención de acordar un candidato con el peronismo. Ese acuerdo potencial ya tiene el aval de integrantes del llamado "círculo rojo", algunos de los cuales, igual que Fayt el miércoles, también han ingresado por la alcaidia hasta los despachos del cuarto piso.