Gobierno apura fallo clave en puja por SRA

Sergio Torres

La Cámara Federal en lo Civil y Comercial justificó ayer la decisión de emitir una medida cautelar que suspende la expropiación del predio ferial de la Sociedad Rural Argentina. La Sala I del tribunal consideró que el inmueble le pertenece a dicha entidad y recomendó al Gobierno presentarse ante la Justicia por la supuesta «venta a precio vil». Anoche, los abogados del oficialismo esgrimían nuevas alternativas procesales, varias de ellas inspiradas en la puja judicial por la ley de medios que también se desarrolla en la planta baja del Palacio de Tribunales.

«Resulta verosímil sostener que la propietaria del predio ferial de Palermo es la SRA, según surge de la escritura del 27 de mayo de 1992, otorgada ante el Escribano General de Gobierno de la Nación», expresa el fallo que lleva la firma de Francisco De las Carreras, Ricardo Guarinoni y Graciela Medina. Un documento breve que se terminó de redactar el pasado viernes por la noche y cuyo contenido fue notificado recién ayer a los abogados del Gobierno.

«El Estado nacional carecería, en principio, de legitimación para intentar recuperar un bien que vendió hace más de 20 años por un acto unilateral. Aun cuando el precio hubiera sido vil, como el Poder Ejecutivo lo sostiene, el Estado debería recurrir a la vía judicial para dejar sin efecto el acto que considera lesivo», agregaron los camaristas.

Este párrafo es cuestionado por los abogados del oficialismo, quienes aseguran que la Cámara no consideró la causa judicial que tramita en los tribunales de Comodoro Py, en el despacho del juez Sergio Torres. Por su parte, los camaristas de la Sala I entienden que esa causa está signada por vericuetos más penales que contractuales.

Consenso

Ayer por la mañana los camaristas conversaron sobre la intención del oficialismo de lograr que el expediente pase al fuero Contencioso Administrativo. Hubo un consenso inicial para rechazar el pedido de declinatoria. Los jueces creen que lo que está en discusión es la modalidad de una transacción con lo cual la cuestión les compete. Las ausencias de la feria veraniega impidieron mayores conversaciones al respecto, con lo cual el resultado todavía se visualiza abierto.

Por su parte, los letrados del oficialismo analizaron distintos escenarios. Uno de ellos es el de acelerar una sentencia de fondo por parte de la jueza de primera instancia, Silvina Bracamonte, que integra la lista de aspirantes que propuso el kirchnerismo para cubrir vacantes en el fuero Civil y Comercial y que se vio frustrado en el Consejo de la Magistratura a causa de la pelea por la ley de medios. Sin embargo, existen complicaciones: el Gobierno, hasta ahora, encuentra dificultades para ofrecer nuevas evidencias, que no consten en la causa que lleva Torres. Si las hubiere, confían, el «autos de sentencia» podría ser firmado a fines de enero.

En esas tertulias judiciales también se barajó la posibilidad de nuevas recusaciones contra los camaristas de la Sala I. Éstos ya han sido recusados en el marco del debate por la ley de medios. La idea no encontró demasiado eco porque en ese fuero las recusaciones se resuelven puertas adentro (cuando en el affaire medios intervinieron jueces contenciosos el resultado no fue el esperado). Un régimen en el cual ni siquiera la Corte Suprema desea intervenir, o al menos así lo han comentado los ministros en sus encuentros de los días martes.