Gobierno cuestiona ahora a la Corte también por inseguridad

Florencio Randazzo

En medio de un fuerte cruce entre el Gobierno y la Justicia por la falta de avance en las causas, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, salió ayer a fustigar a jueces, responsabilizándolos por los problemas que enfrenta hoy el Poder Judicial, al asegurar que «la falta de recursos no es una excusa», y afirmar que «hay que tener una compromiso más firme» de los magistrados con la ciudadanía. Las declaraciones del funcionario apuntaron a los dichos de la ministra de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay, quien la semana pasada había cuestionado al Gobierno por el recorte presupuestario a la Justicia y por la falta de jueces. La postura de la jueza disparó una dura respuesta de Cristina de Kirchner, quien el viernes pasado le pidió al máximo tribunal que «cumpla su rol» y no intente «sacar rédito político» de las discusiones sobre el sistema judicial.
La posición de combate fijada por la Presidente desencadenó una serie de manifestaciones en la misma línea por parte de Randazzo y del jefe de Gabinete, Sergio Massa, que ampliaron la disputa y la redireccionaron hacia el tema de la inseguridad. Pero la dureza de los dichos tiene como telón de fondo un ajuste de cuentas por parte del Gobierno con la Corte, que desde el año pasado se ha mostrado progresivamente más independiente y crítica respecto del Ejecutivo. Un máximo tribunal que, además, empezó a intervenir fuertemente en el ámbito público, a través de fallos que afectan intereses del Gobierno, como el que promovió la libertad sindical, la creación de las acciones de clase y el ultimátum sobre el saneamiento del Riachuelo.
Por su parte, desde la Corte intentaron bajar el tono del conflicto, al asegurar que no era la primera vez que se planteaba un desacuerdo entre el tribunal y el Gobierno y afirmar que, si bien las declaraciones de la Presidente no debían «haber causado gracia», el cruce no tenía las dimensiones de un conflicto entre poderes y que había sido planteado de manera muy exagerada por los medios. Indicaron además que los únicos ministros que habían hecho declaraciones eran Argibay, Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la vicepresidente, Elena Highton de Nolasco, ni siquiera estuvieron en el país en estos días. Además anunciaron que probablemente esta semana se contactara de manera formal al Ministerio de Justicia y al Consejo de la Magistratura para avanzar en la conformación de la comisión interpoderes que buscará resolver las demoras en los juicios por delitos de lesa humanidad (como una manera de matizar la polémica).
El enfrentamiento, en realidad, surgió a partir de las demoras en los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último Gobierno militar y los pedidos de investigación sobre más de la mitad de los magistrados de la Cámara de Casación, a cargo de gran parte de las causas, pero se reenfocó sobre el aspecto que, según la mayoría de las encuestas, más preocupa a los argentinos en al actualidad: la inseguridad. «No puede ser esta sensación de que un ladrón entra por una puerta y sale por otra. La sociedad está entre rejas», señaló ayer Randazzo en declaraciones radiales, en un brusco viraje de opinión sobre la problemática, que durante años fue para el Gobierno sólo «una sensación» generada por los medios.