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Gobierno desata una guerra de abogados por codiciado registro
Mauricio Macri y Julián Álvarez
Julio Alak firmó el convenio con Ricardo de Felipe, titular de la FACA. El argumento del oficialismo es la necesidad de mejorar la calidad de la gestión de un registro que se ha expandido a un nivel que ya resultaría inabarcable para el Colegio porteño que hoy en día se encuentra bajo la órbita del macrismo en alianza con el grupo Gente de Derecho.
Durante el día de ayer Jorge Rizzo, del Colegio porteño, recordó que lo que está en discusión es una caja de más de 60 millones de pesos que ahora pasaría a la FACA, ente que, según Rizzo, tendría una alianza con el kirchnerismo. La semana que viene Mauricio Macri se pronunciará contra la matrícula federal como ya lo hiciera su candidato a la Magistratura Alfredo Alvarado Vellozo.
Para tener en cuenta: el Colegio Público de Abogados de la Capital también es ente cooperador en la Inspección General de Justicia, organismo bajo la órbita del kirchnerismo juvenil. Hasta anoche la representación del colegio no había cambiado, aunque no deberían descartarse posibles novedades.
Fricciones que tienen como trasfondo la elección de los abogados del interior al Consejo de la Magistratura que serán la semana que viene. La posibilidad de otorgar una matrícula y de ser ente cooperador vienen a dotar a la FACA de una burocracia que el organismo necesita para no perder por completo su capacidad de influencia. Ninguno de los dos candidatos con mayores chances (Miguel Piedecasas y Alvarado Vellozo) tienen el guiño de la FACA y de hecho, quien tenía la bendición inicial, luego terminó juntando avales para Piedecasas. En la elección anterior, que ganó Daniel Ostropolsky, el escenario había sido similar.
La FACA es una entidad equilibrada respecto al oficialismo (se pronunció contra la reforma judicial y respaldó al fiscal José María Campagnoli). Ir contra el Estado es un movimiento poco recomendable para una liga de Colegios que no está constituida por ley pero cuyos socios (los distintos Colegios de las provincias) sí lo están. Esa diferencia es el origen de la tensión actual que se evidencia con las declaraciones de Rizzo y con el pronunciamiento que prepara para emitir, en breve, el Colegio de Abogados de Tucumán.
El escenario actual es otra muestra de que el Gobierno ha variado la lógica para su incursión en los diferentes debates del Poder Judicial. Eligió deslindarse de las elecciones al Consejo de la Magistratura. No apoya abiertamente a ningún juez o abogado y espera los resultados de una composición favorable a diversas negociaciones que serán decisivas.
El kirchnerismo se inclinó por dejar de lado las contiendas electorales para dedicarse a las estructurales. Desde la matrícula federal de abogados hasta el financiamiento de todo el Poder Judicial y la creación de nuevos fueros para la justicia del consumidor que por estas horas domina el debate legislativo. No es azaroso: facultades de derecho, colegios de abogados y gremios judiciales le han dado la espalda a cualquier candidato identificado con el oficialismo.
El desafío que encierra este cambio de lógica, tal como analizaban ayer en el cuarto piso de la calle Talcahuano, es el tiempo que le queda al kirchnerismo en el Gobierno. Una buena performance electoral en la Magistratura podría haber dado resultados de largo plazo a partir de fin de año. Pero los programas impulsados por el viceministro Julián Álvarez, como la creación de los fueros del consumidor o la Casación Penal ordinaria, recién podrían activarse a mediados de 2015. Se trata de espacios de influencia que serán atractivos para la próxima administración especialmente al momento de construir poder.
"Las ideas no siempre son malas, el gran problema es la velocidad que a veces se les imprimen", decía ayer un ministro de la Corte sorprendido porque el proyecto de la matrícula federal haya sido presentado sólo por el kirchnerismo cuando podría haber logrado el apoyo de otros bloques igual de convencidos con el fortalecimiento de la FACA.


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