Gobierno español aportará 9.000 M euros al grupo Bankia

Madrid - El Gobierno español se comprometió ayer a que el Estado aportará todo el dinero necesario para el saneamiento de BFA-Bankia, el cuarto grupo financiero del país, que ronda los 9.000 millones de euros, lo que le dará el control a través de una participación que se venderá «en el plazo más breve posible». El ministro español de Economía, Luis de Guindos, explicó en una comparecencia en el Congreso de los Diputados (cámara baja del parlamento), la situación de Bankia tras el anuncio de la nacionalización de su matriz, BFA.

Según De Guindos, el grupo financiero debe aumentar sus provisiones en unos 7.100 millones y además tendrá que atesorar unos 1.900 millones para contar con un colchón de capital que le cubra mejor contra el riesgo inmobiliario. Eso eleva el saneamiento total a 9.000 millones, aunque ello no significa que esa tenga que ser la cantidad que aporte el Estado.

El Gobierno parte de la premisa de que es necesario apoyar su saneamiento para poder recuperar luego los fondos públicos aportados. Además, el nuevo equipo gestor deberá renovar los consejos de administración de Bankia y de su matriz, ya que «la gestión profesionalizada es uno de los requisitos imprescindibles para atraer futuros inversores y garantizar la viabilidad de la entidad», señaló el ministro. Antes, el nuevo equipo gestor deberá reducir el número de miembros del consejo de administración de Bankia y BFA y renovar a los actuales miembros, en su mayoría políticos, optando por profesionales independientes «de reconocido prestigio».

Otra de las tareas del nuevo equipo, encabezado por José Ignacio Goirigolzarri, será presentar un plan de viabilidad en menos de un mes para que el Estado pueda aportar el dinero necesario, después de tomar el control del grupo a través del canje de la ayuda de 4.465 millones que recibió cuando se creó.

Ese plan, que deberá ser aprobado por el Banco de España, recogerá los fondos que necesita el grupo para acometer el saneamiento de su riesgo inmobiliario, unos 9.000 millones, y para permitir que las cuentas de 2011 se firmen «sin salvedades de los auditores». Por eso será clave saber a cuánto asciende el agujero del grupo, que fue el motivo para que la auditora no firmara las cuentas, con el fin de dilucidar cuánto dinero deberá aportar el Estado.

Agencia EFE