Gobierno “exorciza” obra pública con inversión mixta

Busca acelerar construcciones y atraer fondos privados con incentivos y más control del Estado.

Plenario. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, presentó ante un plenario de comisiones un proyecto de ley que apuesta a elevar la demanda laboral en el sector de la construcción y bajar los costos.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó ayer que la generación de empleos se está reactivando en la Argentina y aseguró que "de aquí a fin de año" los índices de trabajo "se van a ir acelerando a un nivel aceptable".

Frigerio presentó en el Senado un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que prevé crear un régimen de contratación público-privada para obras de infraestructura, como rutas, hospitales y escuelas. El ministro aseguró que es necesario llevar "la inversión en infraestructura de los actuales dos puntos del PBI a seis puntos", y ratificó que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca alentar las inversiones, por lo que su sanción se torna "muy importante en la consecución de los objetivos de pobreza cero y en la generación de trabajo de calidad".

En su exposición ante los integrantes de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y Asuntos Municipales, Frigerio sostuvo que la iniciativa permitirá dar impulso principalmente al sector de la construcción, golpeado en los últimos meses por la caída del empleo y de la obra pública. El ministro señaló la necesidad de reactivar el sector, pues "hubo muchos despedidos" en esa actividad, según datos de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), en "los peores meses de 2015, que fueron -dijo- noviembre y diciembre".

"La mitad de la obra pública no había recibido un solo peso en la segunda mitad de 2015", por lo que "hubo que empezar a pagar certificados" de la obra pública, recordó. "Había una deuda enorme sólo en mi ministerio de 10.000 millones de pesos que hubo que empezar a saldar, previa auditoría porque los certificados a veces no se correspondían con los avances de las obras", puntualizó.

"Ahora queremos tomar esa iniciativa política y que se traduzca en más obras", porque consideramos que "una ley es mucho más fuerte y poderosa que un decreto", declaró, y advirtió que el Gobierno de Mauricio Macri no busca "ninguna garantía de rentabilidad al privado" sino que "están las mismas garantías que existen en la ley de inversión pública y ley de obra pública".

El funcionario subrayó que si bien "la obra tiene que cubrir costos", lo que la administración de Cambiemos pretende es que "el resto sea riesgo empresario". "Uno de los objetivos centrales del proyecto es socializar con el sector privado los riesgos o una parte significativa de los que enfrenta el Estado cada vez que emprende obra de infraestructura", añadió.

El ministro precisó que otro de los propósitos de la normativa es "acelerar los plazos de las obras y de los proyectos de inversión".

"Los privados -dijo- van a recibir una retribución del Estado si cumplen en tiempo y forma con lo que se plantea frente a cada proyecto que podamos generar bajo esta nueva figura y van a tener enormes incentivos para empezar y terminar la obra".

Por otro lado, adelantó, en caso de aprobarse la iniciativa, que según alentó "está sujeta a recibir mejoras" si la oposición lo sugiere, el Estado "se va a quedar con todas las atribuciones en términos de control y regulación y va a ser el principal socio en estos emprendimientos". También resaltó que los grandes beneficiarios de esta norma serán las pymes y afirmó que lo que indican las experiencias de los países vecinos que están "más avanzados que Argentina en la implementación de esta normativa" es que los proyectos "no son la megaobra sino los muy vinculados con lo que pueden hacer las pymes".

Ante una consulta del senador Walter Barrionuevo (FpV-Jujuy), aseguró que el Gobierno discutió con las provincias y los municipios, que están "ávidos de recibir más recursos", y sostuvo que las jurisdicciones "que adhieran a este régimen también podrán ser contratantes dentro de su propio proyecto de inversión pública".

A continuación, el representante del Banco Mundial, John Pollner, advirtió que "la reglamentación debería ser muy específica" ya que "el Gobierno no debería encubrir ningún riesgo comercial: el sector privado debería absorberlo", y que "hay que discutir el riesgo cambiario y cómo podría manejarse".

En ese sentido, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediack, destacó la virtud de que "el proyecto se empiece a cobrar cuando esté terminado" y que "quienes ejecuten la obra deberán hacerse cargo del proyecto y su posterior mantenimiento". "El concepto es más amplio que el de una concesión de obra pública", concluyó.