Gobierno con los fiscales y un desafío de Comodoro Py

• Arranca la discusión en el Congreso.• Jueces más lejos de documento clave.

Julio Alak y Luis Cabral

El Gobierno convocó ayer a procuradores y fiscales generales de las distintas provincias para enviar un mensaje hacia el interior del Poder Judicial, que es donde por estas horas se registran las antipatías más contundentes a la reforma del Código Procesal Penal que desde el martes se discutirá en el Congreso.

La cita de ayer fue protagonizada por Julio Alak, que recibió a los integrantes del Consejo de Procuradores y del Consejo Federal de Política Criminal. Asistieron las cabezas de los ministerios públicos de distintas provincias, presencia estratégica si se considera que en esos distritos rige el sistema acusatorio que ahora el kirchnerismo busca instalar.

Es por eso que, según se acordó en el cónclave de ayer, el próximo jueves los integrantes de dicho consejo asistirán al Congreso para exponer sobre las virtudes de que la instrucción de los casos esté en poder del Ministerio Público.

Las últimas horas han favorecido distintas interpretaciones. En la primera instancia del fuero federal -que es donde el Código plantea una verdadera puja de poder- ahora gana fuerza cierta relativización de la nota que hace dos años llegó al Congreso con firmas de 200 jueces en favor del sistema acusatorio.

La postura más actual señala que en esa ocasión los magistrados sólo se pronunciaron a favor de abrir la discusión, pero que de ningún modo validaron el texto que ahora el oficialismo somete al plano legislativo ni tampoco dieron su opinión sobre cómo el nuevo Código debería implementarse.

"Advertimos que trabajamos con un diseño normativo pensado hace ya varias décadas, cuando los hechos penales carecían de la complejidad del fenómeno criminal actual", sostenía el documento que los camaristas de la Casación Penal Luis Cabral y Ángela Ledesma llevaron al Congreso a mediados de 2012.

Las observaciones más calculadas no tienen por destino a Alejandra Gils Carbó, sino a las instancias inferiores donde en los últimos meses se han creado fiscalías ad-hoc con funcionarios cercanos a la procuradora que disputan áreas de influencia en los distintos expedientes que tramitan en el fuero.

Esos vericuetos por momentos asoman como más espinosos que la cercanía de la jefe de los fiscales a Balcarce 50. El ejemplo habitual es el modelo estadounidense, donde el ministro de Justicia y el procurador son la misma persona.

Puntos de vista y comentarios que todavía no se manifiestan a nivel institucional. La Asociación de Magistrados que preside Cabral guarda silencio sobre el proyecto del oficialismo, aunque, se conoce, el juez -y a partir de noviembre consejero de la Magistratura- emitirá su opinión en breve. Más de 300 jueces lo votaron en la última elección del cuerpo colegiado.

El desafío, por ahora solapado, que ofrecen los jueces federales contrasta con el escenario político donde el proyecto ha recabado apoyos y silencios favorables en legisladores de todo el arco ideológico.

Pero existe un pragmatismo que supera las declaraciones. Durante esta semana, emisarios de distintos aspirantes a la presidencia acudieron al tercer y cuarto piso de Comodoro Py para hacer visible su descontento con la reforma planteada y, de paso, intercambiar ideas de cara a un fin de año que se avecina contundente en materia de fallos. María Servini de Cubría y Martín Irurzun se han mostrado especialmente receptivos.

En el interior del Gobierno por estas horas el debate está ubicado en la implementación. Por un lado, están aquellos funcionarios que abogan por un proceso gradual y extendido en el tiempo (como sucedió en Chile) y al mismo tiempo aquellos que aspiran a una implementación exprés que en lo posible no demore más de cuatro meses. Este último escenario podría venir acompañado por estruendos similares a los que ya tuvieron lugar cuando se discutió la reforma judicial que, a fin de cuentas, tenía su epicentro en la ampliación del Consejo de la Magistratura y en una reforma de sus mecanismos de selección. El Código plantea una transferencia de competencias y por eso es más conflictiva.

El resultado de ese contrapunto quedará en evidencia cuando comience a sesionar la bicameral que debe monitorear la instalación del modelo acusatorio una vez que la reforma logre la aprobación en las Cámaras.