Gobierno pide datos, pero la Corte se guarda los propios

Ricardo Lorenzetti, Julio Alak y Ricardo Echegaray

El Gobierno reglamentó ayer la norma de la reforma judicial que fija a la Oficina Anticorrupción (OA) como el depósito de las declaraciones juradas de los integrantes de los tres poderes. El decreto ya fue contrarrestado por la Corte Suprema, que firmó una acordada, semanas atrás, para que la información de los ministros y de los funcionarios del tribunal quede bajo la orbita de éste. Es el segundo caso en 48 horas que vuelve a expresar las divergencias del tribunal con la reforma. El martes, el señalamiento desde la Corte fue sutil y tuvo que ver con los aspectos presupuestarios. Nuevos episodios de una guerra fría en la superficie, pero que esconden la tensión propia de los momentos decisivos.

Con la firma de Julio Alak se reglamentó uno de los aspectos de menor densidad de la reforma que naufragó en los tribunales y que, paradójicamente, más simpatías generaba entre los jueces ya que establecía que las declaraciones juradas de cónyuges e hijos permanecían reservadas aunque se levantara el secreto sobre la del magistrado.

En la Corte siempre fue un tema sensible por el acceso a esta información, especialmente en aquellos casos de los jueces de instancias menores comprometidos con investigaciones de organizaciones delictivas. "La dirección del domicilio o las cuentas bancarias no deberían tener un acceso tan simple, a pedido de cualquiera que se conecte a internet", deslizaban los ministros cuando la reforma se debatía en el Congreso.

El 21 de agosto todos los ministros firmaron para que sus declaraciones juradas quedaran archivadas en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. "No resulta admisible que las declaraciones de aquellos (funcionarios) pertenecientes al Poder Judicial sean controladas por funcionarios de la Administración Pública. Ello constituye una violación de la independencia de los poderes de Estado".

El Gobierno reglamentó la norma y la dio un rol central a la AFIP (organismo que conduce Ricardo Echegaray, quien tuvo un cruce con Ricardo Lorenzetti) que elaboró los formularios y el sistema en el cual se cargarán éstos antes de llegar a la OA. Éste se terminó de elaborar en la tarde del martes y tendrá un rodaje de 10 días antes de comenzar a enviar los archivos a la dependencia del Ministerio de Justicia donde quedarán registrados.

Cruces silenciosos en las semanas previas a la resolución de la causa de la ley de medios y que disparan dudas sobre otros expedientes sensibles, como, por ejemplo, por qué Alejandra Gils Carbó todavía no dictaminó sobre la causa del cepo cambiario (tiene esa posibilidad hace meses), otro tema álgido cuyo final, una vez que hable la procuradora, la Corte estará en condiciones de decidir. "Ése sí es un tema central o al menos debería serlo", remarcan en la Corte.

De hecho, el suspenso de la procuradora se sustenta, en las especulaciones cortesanas, en que las expectativas del oficialismo tampoco serían favorables en ese expediente.