Gobierno podrá seguir gastando a discreción

Si hay que atenerse al comportamiento fiscal del kirchnerismo, las limitaciones que impulsa la oposición para evitar que el Gobierno gaste a su libre albedrío no serán tan efectivas. Entre 2004 y 2009 recurrió a los decretos de necesidad y urgencia para implementar casi el 70% de las ampliaciones de gasto. En esos siete años, el total de las ampliaciones de gasto sumó cerca de $ 150.000 millones, de los cuales más de $ 100.000 millones fueron por DNU, $ 34.800 millones vía decisiones administrativas del jefe de Gabinete (art. 37 Ley Administración Financiera) y el resto por leyes del Congreso. En promedio, las ampliaciones representaron el 17% del crédito presupuestario original. El máximo desvío se dio en 2007 con el 30,7% y el menor en 2009 con el 12,8%. De las decisiones administrativas, unos $ 14.650 millones fueron ampliaciones de gasto dispuestas por el jefe de Gabinete en uso de los superpoderes (en detrimento de aplicaciones financieras) y $ 20.150 millones por incremento gasto financiado con recursos propios afectados y remanentes de ejercicios anteriores (habilitados por leyes de presupuesto). En relación con los incrementos de gasto aprobados por ley del Congreso, sólo se dieron en 2006 ($ 10.800 millones).

En ambas gestiones kirchneristas, el Gobierno gastó con un alto grado de discrecionalidad los recursos excedentes que dispuso por encima de lo presupuestado (según el IERAL, los recursos excedentes sumaron $ 180.000 millones) y además reasignó partidas presupuestarias con total arbitrio. Ahora, la oposición está tratando de poner límites a este poder discrecional. Las claves pasan por los superpoderes del jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias y por la prórroga de las facultades delegadas por el Poder Legislativo en el Ejecutivo, que vencen el martes próximo.

Para los analistas, la eliminación de los superpoderes (hay un proyecto con dictamen que le quita al jefe de Gabinete la facultad de reasignar partidas) no restringiría la posibilidad del Gobierno de seguir aumentando el gasto, ya que para ello podría continuar dictando DNU. Cabe destacar que esta eliminación afectaría al 10% del total de las ampliaciones presupuestarias.

Vale recordar que hasta 2005 el kirchnerismo incluía año tras año artículos en el Presupuesto que habilitaban al jefe de ministros para modificarlo apartándose del mencionado artículo 37, pero sólo para el ejercicio fiscal en cuestión. Así disponía de las reestructuraciones presupuestarias que considerara necesarias dentro del total aprobado por la Ley de Presupuesto (sólo para gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de finalidades), y podía también aumentar gastos corrientes en detrimento de gasto de capital o aplicaciones financieras (facultad que tenía vedada por art. 15 de Ley de Responsabilidad Fiscal). Pero desde 2006 el kirchnerismo optó por dejar de negociar vía la Ley de Presupuesto e impulsó la modificación del conflictivo artículo 37 (Ley 26.124), consagrando así los superpoderes del jefe de Gabinete en el marco normativo vigente. La oposición quiere volver al espíritu del artículo 37 original, haciendo que las facultades hoy en manos del jefe de Gabinete vuelvan al Congreso, y que además sólo sea facultad del Parlamento disponer de la asignación de los recursos excedentes.

En cuanto a las facultades delegadas y las facultades propias del Poder Legislativo que han sido delegadas al Poder Ejecutivo, volverán a manos del Congreso si no se logra votar una nueva prórroga este martes. Está involucrado un millar de leyes, pero lo más relevante pasa por el Código Aduanero que, entre otras cosas, le permite el Ejecutivo fijar las alícuotas a las exportaciones agropecuarias. Si bien hay otra serie de iniciativas tendientes a reducir el margen de maniobra al kirchnerismo, como por ejemplo la no convalidación de los DNU con el voto de una sola cámara legislativa, todo hace pensar, más allá de que prosperen los proyectos opositores, que el Gobierno podrá seguir aumentando el gasto como lo hecho hasta ahora, con algunos limitantes, ya que se ampara para el excesivo uso de los DNU en el articulo 99 de la Constitución y la ley de emergencia.