Gobierno ya negocia por sueldos de los jueces

Encuentro urgente ayer en Balcarce 50. El anfitrión fue Jorge Capitanich y asistieron el titular de la Magistratura, el juez Mario Fera, el administrador ,Germán Krieguer, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de no financiar más el déficit del Consejo de la Magistratura motivó ayer la primera reacción del Gobierno: Jorge Capitanich mantuvo un encuentro con el titular del cuerpo colegiado Mario Fera y con el subadministrador general del Poder Judicial, Germán Krieguer.

Se realizó un estado de situación y el jefe de Gabinete confirmó lo que ya le habían adelantado el martes por la noche: la situación económica del Consejo es peor de la que él mismo imaginaba, no alcanzan los recursos para pagar los sueldos del mes de febrero y si esa diferencia no la cubre la Corte deberá hacerlo el Gobierno.

Fue el debut en estos quehaceres para el secretario de Justicia Julián Álvarez, quien se integrará al Consejo como representante del Poder Ejecutivo. Se mantuvo en silencio durante gran parte de la conversación y por momentos expresó una actitud distraída muy distinta a la que se le conoce cuando habla en distintos atriles.

Fera y Krieguer describieron el esquema de financiamiento del Poder Judicial (3% del presupuesto general, del cual el Consejo toma el 70% y la Corte el 30%). Recordaron que el Consejo paga todos los sueldos judiciales y que sus estructuras absorben sólo un porcentaje mínimo. También explicaron que el ritmo de incrementos salariales influyeron en la actual situación que encuentra al Consejo con una deuda que ronda los 1.000 millones con la Corte que lo ha financiado con el dinero de su fondo anticíclico.

Capitanich entendió muy rápido que será necesaria una conversación más detallada con Ricardo Lorenzetti. Los aumentos salariales los decide la Corte así como también la habilitación de los cargos. Cuando pregunto el porqué del nivel de incrementos le explicaron que los salarios del Poder Judicial tuvieron un período de congelamiento y que recién en los últimos años se habían equiparado con el resto de los empleados estatales. Sobran ejemplos en la Magistratura de profesionales que pasaron del Poder Ejecutivo al Judicial con cargos parecidos pero que en el segundo percibían un nivel de ingreso menor.

El presente económico de la Justicia exhibe realidades antitéticas: mientras el ministro coordinador se pregunta si sería posible frenar el ritmo de las paritarias, el jefe del gremio de los judiciales Julio Piumato (siempre alineado con Hugo Moyano) repite ante quien quiera escucharlo que le pedirá a Lorenzetti un piso del 34% de incremento salarial para este 2014.

Si bien el Gobierno estudiará la situación, los tiempos juegan en contra y una reforma de índole presupuestario implica demoras con lo cual, en este momento, el financiamiento de la Magistratura depende en gran parte de lo que se decida en Balcarce 50. Panorama administrativo que coincide con el presente político que ha llevado esta semana tanto a Álvarez como al diputado Eduardo De Pedro a ocupar asientos en la cuerpo encargado de la selección y remoción de jueces.

Tal vez por eso el encuentro de ayer dejó cierta inquietud en la Corte y diversas elucubraciones sobre qué condiciones podría pedir el oficialismo -las habrá, sin duda- para financiar los sueldos del Poder Judicial con fondos del Tesoro.

A nadie se le escapa que el oficialismo pretende designar un nuevo administrador en la Magistratura que se ubique por encima de Krieguer al momento de manejar los recursos. Será una pelea crucial durante la segunda mitad de febrero (ayer dos representantes de la oposición en la Magistratura le deslizaron a Fera, actual presidente, la posibilidad de nominar a Krieguer como administrador general antes de votar la presidencia 2014).

Krieguer tiene una relación cordial con el administrador de la Corte Héctor Marchi. Una cualidad que en ese cargo resulta ineludible más allá de quien termine completando los desequilibrios existentes, ya que la gran mayoría de los trámites y las firmas que realiza el administrador deben hacer una escala en el cuarto piso de la calle Talcahuano.

Tampoco es eventual que desde el martes resuena en la Corte la tesis de que el Consejo debe ser controlado por la Auditoría General de la Nación, al igual que ocurre con la contabilidad cortesana.