Iguala: “Muchas confesiones se obtuvieron con torturas”

El 27 de enero, la Procuraduría de la República concluyó que los 43 estudiantes de Ayoztinapa fueron asesinados e incinerados por el cartel Guerreros Unidos.

Cuando el presidente de México, Enrique Peña Nieto, asumió el 1 de diciembre de 2012, anunció que la apertura del mercado del petróleo era el principal objetivo de su mandato, pero no ofreció ningún plan para combatir lo que las Naciones Uniones ahora califican como "crisis humanitaria": los más de 20 mil desaparecidos en el país. Al jurar el cargo no contaba con que casi dos años después el secuestro y desaparición de 43 estudiantes en la pequeña ciudad de Iguala (sur) torcería el rumbo de su gestión.

Las familias de las víctimas acusan a la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Jesús Murillo, de dar por muertos a los alumnos sin contar con pruebas científicas contundentes; y hace días denunciaron al Gobierno ante el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. Este diario conversó con Ana Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro de la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), sobre las inconsistencias de la investigación. "La respuesta de las autoridades es desafortunada e insuficiente", declaró. A continuación, los principales fragmentos de la entrevista.

Periodista: Los padres acusan a la PGR de querer cerrar el caso sin llegar a la verdad. ¿Por qué dicen eso?

Ana Marcia Aguiluz: Porque saca conclusiones con escasas pruebas científicas. La mayoría se fundamenta en los testimonios. Eso es problemático en cualquier país del mundo, pero particularmente en México porque hay una historia del uso de la tortura para obtener confesiones. De hecho, varias de las personas que están detenidas por este caso ya dijeron haber sido torturadas. La respuesta de las autoridades continúa siendo desafortunada e insuficiente.

P.: Peña Nieto insiste en que hay que superar la tragedia. ¿El Gobierno intenta minimizar el hecho?

A.M.A.: Por supuesto. La importancia de este caso es que contribuyó a evidenciar la magnitud de la problemática en México. Cuando este Gobierno asumió ya había 23.000 personas desaparecidas. No es un hecho aislado, como dijo el procurador general de la república; son hechos sistemáticos, y el caso de Ayotzinapa es sólo la punta del iceberg.

P.: ¿Por qué considera que el Gobierno no aceptó la asistencia técnica ofrecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

A.M.A.: Sí la aceptó, pero con condiciones. La comisión quería investigar más allá del caso de los estudiantes para atacar la realidad estructural, pero esta propuesta no fue aceptada por el Gobierno, que pidió que los investigadores se circunscribieran solamente al caso de los normalistas. La comisión fue formada por personas muy conocidas en el ámbito internacional.

P.: Medios mexicanos sugirieron que el Ejército podría estar involucrado.

A.M.A.: Uno de los padres de las víctimas tenía un GPS del celular de su hijo que indicaba que se encontraba en el batallón 27 en Iguala. Es un indicio importante, pero no hubo intención por parte del Gobierno de agotar esta línea de la investigación.