"Vamos a presentar un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la ley de precio justo", dijo en una conferencia de prensa Jorge Roig, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio (Fedecámaras), que reúne gran parte del empresariado.
Esta ley, promulgada por el presidente, Nicolás Maduro, a partir de los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional en noviembre pasado para combatir una supuesta "guerra económica" del sector privado, entró en vigor el pasado 24 de enero.
"Lejos de contribuir a mejorar la economía del país, hará que sea mucho más grave. El Gobierno no termina de convencerse de que la causa del desastre económico que tenemos es precisamente el modelo económico, e insiste en profundizarlo", añadió Roig.
En Venezuela, la inflación cerró 2013 en el 56,2%, la mayor de América Latina, y la escasez de productos se ubicó en un 22,2% en diciembre. El crecimiento del PBI del año pasado se estima será menor del 3%, contra el 6% pronosticado inicialmente.
Roig detalló que el carácter "inconstitucional" de la ley que fija el máximo de ganancias de todo el sector económico venezolano radica en el hecho de que declara como materia de "utilidad pública" a toda la cadena nacional, cuando la Constitución estipula que "el sector privado juntamente con el gubernamental son los que deben proponer un modelo económico".
Confiscación
Según el presidente de Fedecámaras, esta ley "confisca" la libertad económica, restringe la oferta y aleja las inversiones. "Vamos a analizar qué significa ese 30%, para unos sectores puede ser excelente, para otros no. Además es discrecional el establecimiento del margen, puede ser que para un sector fije sólo un 5% o un 6% o el 1%. Tenemos serias dudas de que el Ejecutivo esté en capacidad de examinar las estructuras de costos de todos los sectores", aseguró el dirigente de Fedecámaras.
Por otro lado, Roig urgió al Gobierno a liberar las divisas para el sector privado a fin de evitar un "colapso", principalmente en el sector de alimentos, productos básicos y salud.
Según reportes de cámaras empresariales, adeuda unos 2.460 millones de dólares a empresas alimenticias, más de 4.200 a servicios de salud y unos 3.300 millones a las líneas aéreas.
Sin embargo, Maduro sostuvo que parte de la deuda es ilegal porque los dólares habrían sido solicitados por empresas fantasma.
| Agencia AFP |
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