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Información en pocas líneas
Un niño de ocho años murió como consecuencia de la picadura de un alacrán sufrida cerca de su domicilio, situado en el barrio Parque Patricios, de la ciudad de Córdoba, y se suma, así, a la muerte de una beba en Santa Fe. El chico falleció el domingo a la mañana en el Hospital Infantil de Alta Córdoba, informaron autoridades de ese centro asistencial. El jefe de guardia del centro asistencial, Marcelo Argüello, indicó que el menor ingresó al establecimiento «en grave estado», por lo que enseguida fue internado en terapia intensiva. Al chico, que presentaba compromiso miocárdico y arritmia, se le dio el suero antialacránico, pero no pudo resistir los efectos del veneno. De acuerdo con los médicos, una vez que el menor había recibido una picadura en la espalda, fue asistido rápidamente y en forma correcta, aunque el veneno del arácnido fue finalmente mortal. Otro caso similar ocurrió el 16 de noviembre pasado, cuando una niña de 18 meses murió en el Hospital Pediátrico de Rosario, luego de ser picada por un alacrán en la vecina localidad de Gobernador Gálvez. Tras conocerse estos nuevos casos, los médicos recomiendan a las familias revisar las medidas de higiene en las viviendas y estar alertas a síntomas como vómitos y la sensación de desasosiego, especialmente en niños, que son el blanco más débil ante este tipo de picaduras.
REMEDIOS: EMPRESARIO A DOBLE TURNO
Un empresario ligado al jefe de la CGT, Hugo Moyano, será indagado hoy en dos causas judiciales que investigan la denominada «mafia de los medicamentos». Con dos horas de diferencia, Marcos Hendler, dueño de Droguería Urbana, deberá presentarse ante los jueces federales Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío. Se trata de la droguería encargada de manera casi exclusiva de la provisión de medicamentos complejos para la obra social de choferes de camiones (Oschoca), que preside Moyano y que gerencia en parte una empresa privada, relacionada con la mujer del camionero, Liliana Zulet. La semana pasada, Bonadío allanó en la misma jornada la Oschoca y la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo dependiente del Ministerio de Salud que tiene como principal tarea la de devolverles a las obras sociales el costo de los medicamentos y tratamientos más complejos, con un presupuesto anual de 1.000 millones de pesos. Hace dos semanas, Oyarbide hizo lo propio sobre Droguería Urbana. Ambos jueces compiten por una investigación que tiene puntos en común. Oyarbide analiza un supuesto ilícito para la adulteración de medicamentos y falsificación de troqueles de remedios, en tanto que Bonadío investiga la Oschoca por supuesta defraudación a la administración pública.
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