Inseguridad: Sta. Fe pide ayuda a Nación

El gobierno quiere reforzar presencia de fuerzas federales para bajar niveles de violencia en las calles

Tras el acto en el que egresaron 330 nuevos policías, el gobernador Antonio Bonfatti y su ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, confirmaron la necesidad de contar con apoyo federal para combatir la delincuencia.

Santa Fe - El Gobierno de Antonio Bonfatti solicitó la colaboración de las fuerzas federales para hacer frente a la escalada de delitos y crímenes que ocurrieron en las últimas dos semanas en la ciudad de Rosario, y se suman a la ola de inseguridad que afecta a toda la provincia.

«Estamos reclamando permanentemente la articulación de todas las fuerzas de seguridad, de la Justicia federal y de la provincial porque la Policía sola en Rosario no puede», señaló el gobernador, al tiempo que indicó que puntualmente los hechos delictivos registrados este fin de semana en esa ciudad están vinculados al narcotráfico.

«Nos preocupa la posible vinculación de los recientes crímenes con el narcotráfico. Sabemos todos que está ingresando droga a gran escala desde Paraguay y que no tenemos fronteras radarizadas», agregó Bonfatti luego de encabezar en Rosario la ceremonia de egreso de 330 alumnos de la cuarta promoción de la carrera de Auxiliar en Seguridad, que dicta el Instituto de Seguridad Pública (Isep). Con el mismo marco, hoy egresarán otros 420 policías en la ciudad de Santa Fe.

Asimismo, el ministro de Seguridad de la gestión socialista, Raúl Lamberto, quien acompañó ayer al gobernador, remarcó que «es necesario que tengamos la presencia de fuerzas federales» que colaboren en los crímenes vinculados con el narcotráfico.

«La narcocriminalidad es un delito federal. Hay que trabajar entre todas las fuerzas porque el problema no

es estrictamente provincial», agregó el funcionario y completó: «Estamos en un momento muy complejo, con un alto índice de violencia que excede a una política de seguridad».

En paralelo, la intendente de Rosario, Mónica Fein, confirmó que pidió una audiencia con la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, quien la recibirá la semana próxima en Buenos Aires.

«Vamos a solicitar una mayor presencia de las fuerzas federales en Rosario como se da en muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires», indicó la jefa comunal y recordó que semanas atrás el Concejo Municipal avaló un convenio entre la Intendencia y Gendarmería para que esa fuerza federal vuelva a patrullar la avenida de Circunvalación.

«Sólo falta coordinar los últimos detalles para que regresen los gendarmes a la avenida, esperamos poder cerrarlos en el encuentro con la ministra», afirmó la intendente socialista.

La creciente problemática en la provincia motivó además la crítica del arco opositor, que cargó contra la anterior gestión socialista. El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, sostuvo que «si el poder político no conduce a las fuerzas de seguridad, la tendencia natural de la policía es al autogobierno» y resaltó que «en los cuatro años de (Hermes) Binner, el Gobierno provincial estuvo más preocupado por bajar la repercusión en los medios de los hechos de inseguridad que por intentar seriamente abordar la problemática con políticas concretas».

Santa Cruz fue la última provincia que requirió la ayuda de fuerzas federales. A mediados de julio, Cristina de Kirchner dispuso el envío de 200 efectivos de Gendarmería para garantizar la seguridad en toda la provincia, afectada por un conflicto salarial con la Policía que desde hacía más de dos semanas se mantenía autoacuartelada.

La decisión de la Presidente generó una gran polémica porque apenas unas semanas antes había dicho que no enviaría a la Gendarmería Nacional a conflictos en las provincias. Esa definición se tomó tras la muerte de gendarmes en un accidente en las rutas chubutenses, que viajaban para intervenir en un conflicto gremial en el yacimiento petrolero Cerro Dragón.

Al respecto, desde la Casa Rosada se justificó que en Santa Cruz, el gobernador Daniel Peralta se había amparado en la Ley de Seguridad Interior para requerir la presencia de fuerzas federales, ya que no había patrullaje en la provincia.