Intervendrán empresas relacionadas con gremio

• CANICOBA CORRAL INVESTIGA POSIBLE FRAUDE Y LAVADO DE DINERO.• INQUIETUD EN OTROS SINDICALISTAS Y EXFUNCIONARIOS.

Rodolfo Canicoba Corral, Omar “Caballo” Suárez y Hugo Moyano.

 La intervención dispuesta contra el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) se extenderá a una docena de empresas que se encontraban a cargo del exjefe del gremio Omar "Caballo" Suárez, o de su entorno. Entre ellos, compañías navieras, financieras y hasta una radio "Papa Francisco", confirmaron fuentes judiciales. La causa, que instruye el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, amaga con salpicar a otros sindicalistas relacionados también con esos emprendimientos privados y a funcionarios del anterior Gobierno que habilitaron negocios hoy bajo sospecha.

El magistrado dispondrá entre hoy y la semana que viene la ampliación de la intervención que había resuelto el 18 de febrero pasado respecto del SOMU, la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM) y la Fundación Azul -creada, en teoría, para desarrollar tareas de capacitación para los trabajadores embarcados, entre otras actividades-, una decisión que motivó la salida de Suárez y de todas las cúpulas directivas. Desde entonces se encuentra a cargo de esas entidades la diputada nacional (PRO) Gladys González junto con un equipo de interventores.

La causa judicial no está desligada de las internas sindicales. Los opositores a Suárez que radicaron las primeras denuncias se encuentran bajo el amparo de Hugo Moyano, que en procesos electorales del SOMU intentó terciar en su favor para desplazar al histórico líder. De hecho, el primer borrador de un documento que dio a conocer la CGT en su versión reunificada días atrás contenía una alusión directa a la crisis de ese sindicato y reclamaba el llamado a elecciones, que al parecer tenía como beneficiarios directos a esos denunciantes. En el documento dado a conocer ese párrafo fue retirado.

La intervención y desplazamiento de los gremialistas surgió como resultado de una investigación del magistrado, que acusó a Suárez por presunto entorpecimiento del tránsito en vías navegables (por haber impedido la circulación de un barco petrolero durante una protesta), y supuesta administración fraudulenta y lavado de dinero, en ambos casos por las actividades de un conglomerado de empresas ligadas al sindicato.

Entre las compañías que quedarán en los próximos días también bajo supervisión de la interventora se encuentran la naviera Maruba, hasta no hace mucho la más importante de la Argentina; San Jorge, inscripta para el desarrollo de la misma actividad, pero que no cuenta con barcos propios; Mercante Sociedad Anónima; Elite Viajes; Abadía del Mar, y Pescamarine. Se trata de compañías que hasta hace poco manejaba de manera directa Suárez o bien a través de sus familiares más inmediatos y dirigentes de su confianza.

Alejandro Giorgi, exsecretario de Medio Ambiente del SOMU y uno de los denunciantes principales de la causa, le explicó a este diario que entre las irregularidades que le señalaron a Canicoba Corral figuran desde una integración accionaria presuntamente fraudulenta de Suárez en Maruba (alegan que se hizo de una porción de la compañía y que puso esa fracción a nombre de Mercante SA) hasta una posible maniobra de transporte de combustibles con sobreprecios en perjuicio del Estado. Sobre este último punto, Giorgi dijo que a pesar de no contar con barcos propios, la energética estatal Enarsa "contrataba con San Jorge el transporte de combustibles, que la empresa debía luego subcontratar a empresas de la actividad" lo que, sospecha el juez, generaba sobrecostos. "La causa debería escalar hacia responsabilidades políticas", estimó Giorgi.