Investigan robo de fósiles antárticos

Los restos fósiles que iban a salir del país estaban bajo el Tratado Antártico, que establece que ésa es una región especialmente protegida.

En un procedimiento de rutina realizado en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, se descubrieron 135 kilos de restos fósiles extraídos de la Antártida. El decomiso se produjo entre el 10 y el 11 de mayo pasado, no bien arribó al aeropuerto, procedente del continente blanco, un container perteneciente a científicos de la República Checa.

La estación polar científica

Johann Gregor Mendel, operada por los checos, se inauguró a fines de enero de 2007, con acuerdo del Gobierno argentino, en la isla James Ross.

El Tratado Antártico es un acuerdo que describe concretamente lo que se puede y lo que no se puede hacer en el continente antártico; está complementado por el Protocolo de Protección Ambiental firmado en Madrid en 1991. Uno de sus objetivos es precisamente la designación de la Antártida como «zona especialmente protegida» de la flora y la fauna (se extiende a los fosilizados).

El recorrido del contenedor -nunca se abre sino hasta su llegada al depósito fiscal en territorio continental- fue así: finalizada la tarea científica, los instrumentos utilizados, el equipo personal y otros materiales científicos fueron estibados por los checos dentro del container que se trasladó en un Hércules de la Fuerza Aérea desde Marambio hasta la base El Palomar; luego por camión llegó a Ezeiza, donde fue inspeccionado por los agentes aduaneros. El material estaba acompañado por un manifiesto de carga y una nota del Gobierno nacional, en este caso de la Dirección Nacional del Antártico, con una breve síntesis sobre el programa de cooperación científica que justifica el movimiento del material hacia la Antártida, y su regreso. Éste es el punto crítico: las fuentes aduaneras interpretan que el funcionario firmante, Mariano Mémolli -director del Antártico-, quien depende directamente del canciller Jorge Taiana, habría avalado con su firma el contenido transportado por los científicos checos. Luego del hallazgo sonaron los teléfonos en la embajada checa, en la Cancillería y en la Dirección del Antártico para encontrar una respuesta oficial de Mémolli, quien por esos días estaba de gira por Alemania, Italia, Gran Bretaña y España. En simultáneo, la Aduana convocó a peritos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el propósito de determinar con certeza si el material hallado corresponde a fósiles antárticos. Las investigaciones preliminares habrían confirmado que son piezas fosilizadas de origen antártico.

A comienzos de la gestión de Néstor Kirchner, el Congreso sancionó una ley de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico que establece la titularidad del Estado sobre estos bienes, incluso los que estén en propiedad privada, prohíbe las exportaciones y obliga a los responsables de una excavación a denunciar cada descubrimiento. La Ley 25.743 (Protección de Bienes Arqueológicos y Paleontológicos) prohíbe en el territorio argentino el transporte, almacenamiento, compra o venta de fósiles locales y extranjeros. Establece penas de hasta dos años e inhabilitaciones de hasta cinco para todo aquel que la viole.

La directora de la Aduana, Silvina Tirabassi, hace malabarismos con la carpeta checa; le quema las manos por su implicación en el vínculo bilateral. Se analiza si el hecho permanece en la categoría de una «infracción aduanera» o cambia de estatus, configurándose un delito por aplicación de la Ley Nº 25.743. El problema es más diplomático y político que jurídico; la condena caería sobre investigadores de la República Checa, quienes a su vez tienen emprendimientos cooperativos dentro del Programa Antártico Argentino elaborado por la Dirección Nacional del Antártico (DNA).