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Jueces electorales piden pista en el Presupuesto 2015
Alberto Dalla Via
Mediante una acordada extraordinaria, el máximo tribunal electoral del país destacó que, "aun cuando desde el retorno de la democracia la celebración de elecciones constituye un evento estable y previsible, los fondos necesarios para afrontar los distintos procesos electorales son asignados al Poder Ejecutivo".
Por ese motivo, explicaron los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, ante cada proceso comicial, la Cámara debe requerir al Ministerio del Interior la asignación y transferencia de tales fondos, "lo cual impone diversas gestiones y procedimientos administrativos que, a menudo, provocan dilaciones y dificultades para llevar a cabo tareas propias, imprescindibles e impostergables del cronograma electoral, preocupación que expresaron también los jueces federales electorales de primera instancia".
"Más allá de los reparos que pueda merecer el alto grado de arbitrio que la modalidad descripta confiere al Poder Ejecutivo -tanto en lo relativo a la determinación de los montos asignados, como en lo que respecta al modo y a la oportunidad para disponer su transferencia- dicha práctica entraña además una extensa serie de gestiones y procedimientos administrativos tendientes a concretar la transferencia de los fondos asignados, que -en ocasiones- se produce en forma escalonada dentro de un mismo proceso electoral", cuestionaron.
En su pronunciamiento, los camaristas remarcaron que la actuación de justicia electoral nacional "es cada vez más compleja por su especificidad y particularidades, tanto en lo que respecta a la organización como al desarrollo del proceso electoral", a lo que se sumó ahora la incorporación de modificaciones en el sistema de votación como el nuevo diseño del padrón; las constancias de emisión del voto; el voto de los jóvenes de 16 y 17 años; la conformación del Registro de Infractores al deber de votar, entre otras.
Los jueces también destacaron las múltiples actividades de capacitación desplegadas; así como también el incremento de los trámites remitidos por el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) para su actualización o incorporación al Registro Nacional de Electores, derivado de la pérdida de vigencia -a partir del 1 de enero de 2015- de todos los tipos de ejemplares de documentos anteriores al "DNI celeste".
Como parte de su pedido, los jueces se comprometieron a confeccionar "bajo un estricto criterio de prudencia y procurando la más eficiente gestión de los recursos" una "estimación pormenorizada, a partir de los requerimientos formulados por los juzgados federales con competencia electoral de todo el país, de las necesidades previstas para el proceso electoral de que se trate, para su oportuna remisión a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial".

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