Jueces se quejan por demoras en sus jubilaciones

Ricardo Lorenzetti

Ricardo Lorenzetti se reunió con los presidentes de la cámaras federales de todo el país y expresó preocupación por las finanzas del Poder Judicial. Al mismo tiempo escuchó un panorama inquietante sobre la demora en la tramitación de más de 1.000 jubilaciones de jueces y funcionarios. Gestiones que estarían demoradas en la ANSES. El miércoles el Gobierno decidió girarle al Consejo de la Magistratura 138 millones de pesos. La negociación entre el oficialismo y la Corte Suprema comienza a acumular episodios incómodos para amabas partes.

Los encuentros con los titulares de las Cámaras no son del todo gratos para el presidente de la Corte. No aprueba la modalidad imperante en la cual el encuentro transcurre con tranquilidad y pocos intercambios y luego de la reunión los jueces difunden el contenido de ésta acompañado por sus opiniones que en diversos casos resultan temerarias.

El último cónclave en el cuarto piso fue dominado por los aspectos económicos. Lorenzetti manifestó las dificultades del Consejo de la Magistratura para pagar los sueldos de todo el Poder Judicial producto de una deuda multimillonaria que el Gobierno tiene con la Magistratura por la construcción de edificios financiados por el cuerpo colegiado, pero cuyos fondos deberían haber provenido, según la ley, del Tesoro. Se trata de alrededor de 1.300 millones de pesos. Si Balcarce 50 no aporta fondos, la única opción visible es el fondo de ahorros de la Corte que los ministros no quieren utilizar.

Lorenzetti, acompañado por el administrador de la Corte, Héctor Marchi, escuchó la preocupación existente entre los jueces por supuestas demoras en sus gestiones jubilatorias. Se descargaron culpas sobre la ANSES, organismo con el cual la Corte guarda una relación tensa por los litigios emprendidos por jubilados.

Tampoco hay armonía con la AFIP. Alrededor de 4.000 jueces y funcionarios están a la espera de poder regularizar sus situación con el ente recaudador porque tenían aportes realizados en las extintas AFJP. Se dijo que ya se había firmado un convenio con dicho organismo, pero que no se puede concretar porque el director a cargo de su seguimiento dejó su puesto. En los próximos días se desarrollará una gestión con destino al despacho de Ricardo Echegaray. El titular de la AFIP guarda una relación tormentosa con Lorenzetti y Marchi por cruces públicos que protagonizaron en 2013.

El entuerto monetario entre la Corte y el Gobierno encuentra eco en distintos ámbitos. Desde los asuntos estructurales en la AFIP y la ANSES hasta detalles casi aislados como la última e accidentada reunión de la Comisión Interpoderes del máximo tribunal, donde un grupo de querellantes llegados desde Jujuy increpó fuertemente a los representantes del Poder Judicial por las dilaciones en el trámite de una causa contra el empresario Carlos Blaquier, que actualmente tramita en la Casación Penal federal. Los resultados de dicha comisión dedicada a casos de derechos humanos tampoco terminan de convencer a los ministros.

El dato más decisivo que se llevaron los asistentes a la reunión de la Junta de Cámaras es la decisión de la Corte de judicializar su desacuerdo con el Gobierno antes que financiar a la Magistratura con sus propio fondo de ahorros. De hecho, el consejero Alejandro Fargosi (que reporta al PRO) ya ha expresado su disponibilidad para denunciar a funcionarios en el fuero penal.

La reciente política de austeridad señala un claro triunfo para Elena Highton de Nolasco, quien siempre se opuso al momento de auxiliar a la Magistratura. Esta postura es irritante para el oficialismo, que si bien siempre consideró a la ministra como cercana a sus ideas, en este aspecto encuentra mejor recepción en ministros con mentalidades a simple vista mucho más críticas.

En diciembre, Jorge Capitanich debería firmar la última reasignación de partidas en favor de la Corte. Con los antecedentes actuales, el trámite será tortuoso. En 2013 la situación estaba destinada a ser similar, pero cambió luego del fallo a favor de la ley de medios y del arribo de Jorge Capitanich a Balcarce 50.

Ahora es el jefe de Gabinete quien interviene en la negociación con la Corte y, como él mismo ha dicho, le interesa conocer más detalles sobre el destino de los gastos antes de habilitar nuevos giros. "Para acceder a cierta información no se requiere un subadministrador", sostienen en su entorno. Los 138 millones que recibirá la Magistratura podrían haber sido el último gesto de buena voluntad antes de nuevas escaramuzas.