Justicia: ajustan proyecto por vacantes y más poder a fiscales

Ricardo Lorenzetti y Alejandra Gils Carbó

 La problemática de las subrogancias en el Poder Judicial se consolida en los conciliábulos del oficialismo como un terreno en el cual librar nuevas contiendas en el tramo final de la gestión. Ya existen borradores de un proyecto de ley que daría más posibilidades a secretarios y abogados de la matrícula al momento de cubrir vacantes (actualmente la prioridad la tienen jueces con acuerdo del Senado). Los tiempos de ésta y otras iniciativas -como una eventual ampliación de la Corte Suprema- ganarán velocidad si efectivamente el 15 de este mes el pliego de Roberto Carlés sucumbe a la aritmética legislativa.

En paralelo se definirán aspectos de la reforma Procesal Penal y, en un plano más sigiloso, de la oficina de escuchas telefónicas que depende ahora de la Procuración General.

La puja entre jueces y secretarios en cuanto a suplencias es añeja en los tribunales. Los primeros buscan subrogar para incrementar su salario (alrededor de un 30%) y su influencia, y los segundos entienden la cobertura de una suplencia por motivos similares pero además como una oportunidad de acceder a un cargo al cual no se llega sin los típicos resortes del poder político que llevan al candidato a la Magistratura, de allí al Ejecutivo y finalmente lo blindan en el Senado. Un camino por momentos demasiado largo, fruto de la reforma de 1994: hasta ese entonces los aspirantes a magistrados sólo precisaban de un buen contacto en el Senado y a veces ni siquiera (es conocido que el exjuez Julio Cruciani ingresó una noche en los 90 al café La Biela, empatizó casi de casualidad con dos senadores influyentes del peronismo y a las 48 horas su pliego iba rumbo al Congreso).

La actual titular de la Magistratura, la camarista Gabriela Vázquez, integra la lista Celeste que siempre ha favorecido las subrogancias de secretarios. Esa tradición confluye ahora con la realidad de que el oficialismo no tiene los números para impulsar los concursos más decisivos en la Magistratura y en cambio las subrogancias se definen con mayoría simple a partir de una ley que es la que el oficialismo estudia modificar.

Sería un atajo inevitable a la realidad de que al kirchnerismo por ahora le es difícil lograr nueve votos en los plenarios. A pesar de las incesantes conversaciones entre el viceministro Julián Álvarez y el juez Luis Cabral, el quórum para activar concursos decisivos es hoy una posibilidad lejana. Con suerte este jueves se aprobarán ternas para dos tribunales orales federales. La expectativa está dada por el hecho de que el oficialismo acompañaría la propuesta de terna del juez Leonidas Moldes, del grupo Compromiso Judicial.

Una modificación a la ley de subrogancias implicaría una dura contienda con el gremio de jueces, opositor al oficialismo y que tras la muerte de Alberto Nisman nucleó a toda la oposición (incluidos dos candidatos a la presidencia) en la sede de la calle Lavalle. El jefe del gremio es el camarista Ricardo Recondo, quien ya desde finales del año pasado advertía tener el dato de un giro del kirchnerismo tendiente a avanzar sobre las vacantes. Así se lo comentó a Ricardo Lorenzetti.

El titular de la Corte observa expectante el destino de Carlés en el Congreso. Todos los días llegan hasta el cuarto piso datos cruzados sobre cuál es el número de miembros que el oficialismo podría proponer para la Corte en caso de que la real politik nos sea suficiente para encumbrar al académico. Si el kirchnerismo decide cruzar ese Rubicon (y dar por tierra con el paradigma de la "corte chica") el máximo tribunal conformará sus mayorías con los titulares de la cámaras federales de todo el país. Es por esto que ya se desarrollan contactos y sondeos con estos magistrados, todos ellos agrupados en una junta que parece estar destinada a blindar a la Corte en los momentos más decisivos (el anterior fue la fallida reforma judicial).

A estos avatares se suman los relacionados con la aplicación del modelo acusatorio en la Justicia federal. El oficialismo mantiene su postura de una implementación escalonada y el primer ensayo de una justicia en la cual investigan los fiscales en lugar de los magistrados podría tener lugar en la ciudad Mar del Plata.

Estos movimientos, ya se descuenta, encenderán los ánimos de los adversarios de Alejandra Gils Carbó y más aún si adquiere estado legislativo el proyecto que les otorga más poder a las unidades fiscales de la Procuración que pasarían de brindar soporte a los fiscales a directamente controlar la instrucción de los procesos. Los encargados de unidades como las dedicadas a la corrupción, el lavado de activos o el narcotráfico serían, sin demasiado esfuerzo, estrellas ascendentes en la esfera pública.

Sería un nuevo atributo para Gils Carbó, que desde la reforma del Código Procesal ya cuenta con nuevos márgenes de acción. Rasgo que sobresale en las últimas audiencias del juicio oral por la tragedia ferroviaria de la estación Once en el cual la fiscal Fabiana León intervino, por decisión de la procuradora, en reemplazo del fiscal Fernando Arrigo, que se pidió licencia. Esto motiva quejas de los abogados que participan del debate que alegan que León desconoce elementos esenciales del proceso. El final es abierto, pero sirve para conocer cuáles son los debates internos que en el futuro inmediato dominarán al Ministerio Público. Las facultades de la figura del procurador general encierran táctica y estrategia de un kirchnerismo que ya concibe todas sus batallas en el Poder Judicial con una óptica de largo plazo, más enfocada en la próxima administración que en las viscisitudes del presente.