Kicillof, a lo Moreno, amenaza con clausuras

Al mejor estilo Guillermo Moreno, o profundizando incluso con más precisiones y amplitud de actores las amenazas como consecuencia de no aceptar los acuerdos cerrados con el Gobierno, Axel Kicillof y Augusto Costa les plantearon en las últimas 48 horas a las muchas de las empresas locales y multinacionales más grandes del país una situación terminal. Si no respetan los acuerdos de precios cerrados o si aumentan los productos más allá de lo que se negocie con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio, la decisión que se tomará será simple: la clausura. Para esto el titular del Palacio de Hacienda y el reemplazante de Moreno piensan utilizar una herramienta que en su momento el exsupersecretario blandía constantemente y que, en realidad, nunca pudo aplicar: la Ley de Abastecimiento. Ésta le permitiría, teóricamente, multar, clausurar y hasta la cárcel para aquellos a los que se encuentre culpables de especular contra la estabilidad de los precios.

Kicillof y Costa estuvieron llamando por teléfono y manteniendo, entre el viernes por la tarde y ayer al mediodía, reuniones con la mayoría de los responsables de sectores como supermercados, alimentos, bebidas, consumo masivo, electrodomésticos y medicamentos. Ayer sumó a la construcción, un sector que hasta ahora no había sido incluido en los listados de las áreas problemáticas para el Gobierno. A todos les envió el mismo mensaje, sin escuchar explicaciones sobre por qué hubo suba de precios o faltantes de productos. Según su palabra, el Gobierno "ahora sí será intolerante, si se aprovechan la devaluación de la semana pasada, la inestabilidad del dólar o las confusiones inflacionarias vigentes para remarcar precios de manera automática. Ambos se mostraron claramente en contra de una norma vigente en la cultura comercial argentina desde hace varias décadas, amparada por la evolución histórica de la moneda extranjera, los precios y la inflación en el país. Es la que dice que el valor de góndola es el de reposición (lo que cuesta reemplazar un producto) en lugar del costo de compra de ese bien. Según Kicillof, esto es inadmisible en la Argentina actual, y el comerciante que lo haga será sancionado. Sólo así, aseguran en el Ministerio de Economía, el país podrá hacer frente al mal endémico de la inflación y vencer el alza endémica de precios y la salida vía dólar. Según les aseguró a varios empresarios, ésa será su cruzada hacia adelante.

Según el funcionario, la intolerancia oficial se concentrará tanto en que no aumenten los precios como en que no haya faltantes en los productos básicos que deben estar dentro del acuerdo firmado con el Gobierno y en la vida productiva en general. Sobre este punto, el ministro y el secretario fueron claros: no sólo les aseguraron a los comerciantes y los productores que los casi 200 productos del acuerdo de precios deberán estar con el mismo valor y disponibilidad en las góndolas hasta el 31 de marzo, sino que además deberán extenderlo a todo el país a más tardar en la primera quincena de febrero.

La ley que quiere aplicar, en una instancia máxima, Kicillof es la de abastecimiento. Se trata de la norma 20.680 aprobada en junio de 1974 durante la última presidencia de Juan Domingo Perón, que le permite al Gobierno, a partir del artículo 2, dictar normas sobre comercialización, distribución, intermediación y producción de productos. Se incluye además aplicar multas, clausuras y hasta cárcel, además de la imposibilidad de ocupar cargos públicos durante cinco años para los sancionados o la suspensión para ser proveedores del Estado por el mismo lapso.