La Aduana no veía riesgos en narcojet

El «perfil de riesgo» del avión Challenger de los hermanos Juliá no ameritaba su revisión en el aeropuerto de Ezeiza. Ése fue el argumento que dieron ante la Justicia los empleados de la Aduana para explicar las razones por las cuales dejaron despegar el narcoavión con rumbo a España, donde las autoridades locales detuvieron a sus ocupantes luego del hallazgo de 944 kilogramos de cocaína disimulados en su interior.

El juez en lo penal económico Alejandro Catania les tomó ayer declaración testimonial a seis empleados del área de control de equipajes de la Aduana que trabajan en Ezeiza y que se desempeñaron en ese sector el 1 de enero último, día en que la aeronave partió con destino a Barcelona, previa escala en Cabo Verde. La ronda de declaraciones comenzó la semana pasada y terminará hoy, con la presencia de un total de 37 empleados de la Aduana.

El organismo define como «perfil de riesgo» aquellos rasgos que convierten un vuelo o a un pasajero en sujetos de verificaciones más estrictas. Para Catania, resulta sospechoso que no se hubiese revisado un vuelo que no había declarado carga, tripulado por tres hijos de brigadieres que registraban salidas frecuentes a Bolivia y a España y que tenía previsto una escala en Cabo Verde, en la costa de África, un sitio habitual de tránsito para el narcotráfico.

De hecho, los empleados dijeron que varios de esos factores determinaron la decisión de no efectuar un control: alegaron que no tenía mayor sentido revisar un avión vacío y que haría una escala en un lugar frecuente para el aprovisionamiento de combustible.

Catania resolvió avanzar en los últimos días en la etapa de declaraciones testimoniales a la espera de la llegada de la información prometida por la Justicia española, que recién la semana pasada y en forma parcial levantó el secreto de sumario sobre el expediente.

Aunque días atrás la oficina argentina de Interpol le comunicó al juez que los datos pedidos a España ya habían llegado a la embajada argentina en ese país, desde donde sería remitida al juzgado, hasta ayer los funcionarios judiciales no contaban con la información. También el fiscal Miguel Schamun le informó al juez que sus pares catalanes le habían confirmado la remisión de los datos.

El magistrado le solicitó al juzgado de El Prat de Llobregat, en Barcelona, las constancias del decomiso de la droga de modo tal de verificar dónde fue ocultada. Y también los registros de la computadora de a bordo para establecer los pesos con los que el avión despegó de Ezeiza y Cabo Verde. Sólo así, cree Catania, se podrá verificar si la cocaína fue cargada en la Argentina, tal como dijeron temer a mitad de la investigación los funcionarios argentinos.

Ante la demora en los datos judiciales, el magistrado insistió ayer ante la Cancillería para gestionar, vía la embajada argentina en España, el pronto envío del material.

Además de la información de la Justicia española, Catania aguarda otros datos que pidió: por un lado, envió exhortos a Uruguay y a Estados Unidos por las cuentas en las que fue extraído y depositado, respectivamente, el dinero del alquiler del avión Challenger. Además, la Aduana prometió enviarle esta misma semana un informe pormenorizado sobre los criterios de control de los aviones.

Los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá y Gastón Miret fueron detenidos el 2 de enero pasado en Barcelona, acusados por tráfico de cocaína. Poco después, la Justicia argentina abrió un expediente judicial para establecer si la carga fue realizada en el país.