La Corte ajusta acto por nuevo Código y reinstala tregua con el Gobierno

Elena Highton de Nolasco, Daniel Rafecas, Roberto Carlés y Carlos Fayt

 Ricardo Lorenzetti planifica para el 6 de abril su próxima cumbre judicial en la cual entre magistrados y académicos celebrará la puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial cuya activación está prevista para el segundo semestre de este año.

Las presencias y las palabras que allí se escuchen volverán a servir como indicador para conocer el estado de situación de la relación de la Corte con el Gobierno. Para tener en cuenta: hasta ese acto, el máximo tribunal ya decidió no tratar ningún asunto de alta densidad política de los tantos que predominan en las vocalías del cuarto piso.

Una suerte de armisticio que Ricardo Lorenzetti ya había ensayado en febrero y que encontró su final cuando en la apertura de la Asamblea Legislativa Cristina de Kirchner espetó a la Corte por la investigación del atentado a la Embajada de Israel ocurrido en la década del 90.

Ni aún en 2013, cuando anució la fallida reforma judicial, la Presidente había cerrado su discurso apelando directamente a los magistrados. La réplica llegó dos días más tarde en el habitual tono medio que suele usar Lorenzetti en esas ocasiones.

La inquietud en la Corte se sustenta por estos días en la certeza de que es prácticamente imposible acelerar el juicio oral por el encubrimiento de la pista siria, en teoría dispuesto para los próximos meses. El presidente del tribunal en cuestión, Jorge Gorini, ya avisó al cuarto piso que la instrucción suplementaria requiere un tiempo que el tribunal no tiene en parte por la cantidad de subrogancias que sus integrantes deben afrontar en el interior del país, incluso en puntos remotos como Santiago del Estero.

Están previstos cruces telefónicos, nuevas citaciones y pesquisas que requieren de una supervisión continua.

Es un búmeran doloroso para la Corte porque durante 2013 Gorini le envió al secretario de Gestión de la Corte Alfredo Kraut varios mails en los cuales argumentaba que era imperioso organizar el juicio AMIA II antes de que comenzara el de la tragedia ferroviaria de la estación Once que todavía continúa.

Integrar el tribunal para hacer el segundo juicio por AMIA fue tortuoso porque los acusados fueron figuras dominantes en el pasado del fuero federal y dejaron un tendal de amigos y detractores que generan una saga de excusaciones entre los jueces que se sortearon para ese procedimiento.

Hacia el interior de la Corte el problema que implica la demora del juicio se ve acompañado por la dificultad para lograr los votos que permitan decidir sobre el futuro de Juan José Galeano, quien dice que no puede ser juzgado porque ya fue sobreseído por Gabriel Cavallo. Entender esta cuestión le implica a la Corte revisar el instituto de la "cosa juzgada", algo que en principio no sería bien visto por Elena Highton de Nolasco. A esto se suma la existencia de una supuesta afinidad entre Carlos Fayt y uno de los asesores legales de Galeano.

Vicisitudes de una Corte de cuatro en la cual la cobertura de la quinta vacante parace lejana a pesar de que Roberto Carlés se dedique a asegurarles puestos a los exempleados de Eugenio Zaffaroni mientras espera por algún mensaje alentador de Miguel Pichetto que hasta el momento de hace desear.

Si bien la Corte tiene para tratar causas candentes, por ahora prioriza un estilo de baja conflictividad porque los ministros entienden que las pujas más decisivas se están librando en Comodoro Py y Lorenzetti quiere eludir choques frontales que igual llegarán especialmente si en las próximas semanas el oficialismo revela un proyecto que se redacta en la Magistratura que consiste en que el organismo maneje sus propias contrataciones de personal y ya no requiera de la firma del titular de la Corte.

Existe especial atención a lo que suceda mañana en la Cámara Federal donde se organizará una audiencia para tratar la apelación del fiscal Gerardo Pollicita a la decisión de Daniel Rafecas de no impulsar la denuncia presentada por Alberto Nisman contra funcionarios del Gobierno.

La clave está en si los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero se inclinan por excusarse a partir de que ellos ya opinaron en el debate por el memorando.