17 de diciembre 2015 - 00:00

La Corte definirá hoy validez del proceso contra la presidenta

En coincidencia con la evaluación en el Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema), más de 275.000 personas se manifestaron para denunciar un intento de golpe contra el Gobierno.
En coincidencia con la evaluación en el Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema), más de 275.000 personas se manifestaron para denunciar un intento de golpe contra el Gobierno.
Brasilia - El Supremo Tribunal Federal de Brasil comenzó a analizar ayer los recursos del oficialismo contra un posible juicio político contra Dilma Rousseff y dejó pendiente su decisión para hoy después de escuchar del juez instructor que el proceso contra la mandataria se ajusta a todos los preceptos constitucionales.

El trámite para un "impeachment" con vistas a la destitución de Rousseff comenzó la semana pasada en la Cámara de Diputados, pero el máximo tribunal lo suspendió en respuesta a una serie de demandas presentadas por el Gobierno y varios partidos de la base oficialista.

El juez Luiz Fachin, designado instructor de esta causa, presentó ayer su parecer y negó uno a uno los alegatos del oficialismo contra ese proceso, sobre el cual consideró que se inició ajustado al marco legal contemplado en la Constitución brasileña.

El instructor rebatió cada argumento presentado por el Gobierno y partidos oficialistas contra la iniciativa de la oposición y aclaró que un proceso de esa naturaleza "siempre" es de contenido "político y jurídico".

Fachin negó así que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, estuviera "impedido" de aceptar a trámite el proceso de juicio político por su condición de declarado opositor de Rousseff o por estar bajo investigación judicial por supuesta corrupción.

"La enorme mayoría de los actores políticos son adversarios o partidarios de un presidente", por lo que "no se puede exigir una imparcialidad absoluta" en un proceso que "también es de naturaleza política y, por tanto, no puede ser exclusivamente jurídico", dijo.

Rousseff, por su parte, reiteró ayer que el juicio político solicitado por la oposición en su contra es "una forma de golpe", durante un acto con jóvenes en el que estuvo acompañada por el exmandatario uruguayo José Mujica.

"Lucharé contra la interrupción ilegítima de mi mandato con todas las herramientas que da el Estado democrático de Derecho", declaró la mandataria ante miles de estudiantes congregados en la apertura de una conferencia nacional sobre la juventud. "Está en curso una batalla, una lucha que dictará los rumbos de nuestro país", afirmó quien puede ser sometida a un juicio con miras a su destitución por maniobras financieras que hizo su Gobierno para maquillar los resultados fiscales.

Rousseff volvió a negar que esas maniobras supongan algún tipo de irregularidad y aseguró que la oposición se vale de "invenciones y falacias", porque "no tienen cómo justificar el atentado que quieren cometer contra la democracia".

Además de reafirmar la admisión del "impeachment", Fachin aseguró que una votación secreta hecha en la Cámara de Diputados para escoger a los miembros de una comisión especial que analizará el caso se hizo dentro del marco legal. La elección había sido objetada por el oficialismo bajo el argumento que las votaciones en la Cámara baja son usualmente abiertas, pero en opinión del magistrado instructor se está frente a una situación excepcional.

"Entiendo que la Constitución, en situaciones excepcionales como ésta, permite que la votación sea secreta" a fin de "resguardar al parlamentario frente a la posibilidad de juzgar a un presidente de la República", declaró.

Tras la presentación del voto del instructor, la Corte suspendió la sesión y acordó reanudarla hoy, cuando expresarán su parecer los otros diez miembros del tribunal.

Antes de la exposición de Fachin, que se prolongó durante casi cuatro horas, el STF escuchó a representantes de partidos políticos, a la Abogacía General de la Unión, a la Procuraduría y a portavoces de diversos movimientos, incluso de estudiantes. Mientras ocurría la audiencia del máximo tribunal, el oficialismo, movimientos sociales y la Central Única de Trabajadores (CUT) se movilizaron en 22 ciudades de Brasil. De acuerdo con los organizadores, más de 275.000 personas salieron a las calles, 100.000 en San Pablo y 25.000 en Belo Horizonte, para defender al Gobierno de Rousseff, exigir la renuncia de Cunha y denunciar los intentos golpistas de la oposición.

Agencias EFE, AFP, DPA, ANSA y Reuters, y

Ámbito Financiero

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