La Corte se queja de poda de fondos en Presupuesto

Ricardo Lorenzetti, Julián Álvarez y Enrique Petracchi

La Corte Suprema de Justicia calculó ayer en 17.149 millones de pesos el presupuesto del Poder Judicial para 2015. Es la suma de los gastos que se prevén para el máximo tribunal y el Consejo de la Magistratura. Esta aritmética plantea a su vez un desafío al Gobierno que en su proyecto de Presupuesto remitido al Congreso estipula menos de 13.000 millones para la Justicia. La acordada de la Corte lleva la firma de todos los ministros con la excepción de Enrique Petracchi que ayer nuevamente se ausentó del cónclave. También se fijaron nuevos montos para los recursos de queja y los ordinarios, simple administrativo, pero central a la hora de descomprimir el nivel de litigiosidad en las alturas de este poder del Estado.

Hace un año la Corte mantenía un estado de fricción permanente con el Gobierno a causa de aspiraciones como la reforma judicial o la ley de medios. La situación es similar pero ahora la economía del Poder Judicial se ha transformado en el asunto más candente con la diferencia de que su visibilidad es mínima. El último gesto a nivel institucional fue una acordada para reclamarle al Gobierno por una readecuación de partidas. A partir de allí todo sucede en conversaciones reservadas.

El Presupuesto que fijó el oficialismo en su proyecto ni siquiera cubre el pago de sueldos de todos los empleados del Poder Judicial (13.837 millones de pesos). La apuesta de la Corte es que finalmente se vote en el Congreso una cifra más cercana a la esperada que aún así traería inconvenientes porque se deberían trasladar al inciso 1 (sueldos) fondos inicialmente dispuestos en los incisos 2 y 3 (bienes de consumo y servicios no personales).

Ayer Ricardo Lorenzetti volvió a recordar que el Ejecutivo le adeuda alrededor de 1.500 millones de pesos al Poder Judicial en concepto de obras de infraestructura. La Magistratura tiene dificultades severas para pagar los sueldos y la Corte, por el momento, decidió no financiar el organismo con su fondo de ahorros.

Una serie de datos incómodos comenzaron a llegar al cuarto piso. En diversos fueros no se están pagando las subrogancías de los jueces, es casi imposible lograr fondos para insumos de los despachos y también conseguir contratos para el personal . De hecho, la novedad más reciente es que en ciertas ubicaciones donde han demandado personal la Corte directamente decidió trasladar exempleados de la vocalía de Carmen Argibay.

En paralelo, tal como informó la semana pasada Lorenzetti, aparecen dificultades en más de 1.000 trámites jubilatorios realizados ante la ANSES. De ahí que quienes lo han logrado en los últimos meses festejaron a más no poder como es el caso del exjuez Gabriel Cavallo que incluso superó el dictamen negativo de la dirección jurídica del ente previsional.

La tensión con el Gobierno genera movimientos sigilosos en las vocalías cortesanas. Existe un novedoso interés en el recurso que el senador Rubén Giustiniani se encuentra tramitando ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que se dé a conocer el acuerdo entre YPF y la firma Chevron. Ese planteo se realizó el pasado viernes y la Cámara ya lo remitió a la empresa que dirige Miguel Galuccio para que ésta brinde su descargo. Hasta hace algunas semanas todo indicaba que en caso de que el recurso sea concedido la Corte lo rechazaría de entrada.

El oficialismo condiciona un posible desembolso en Consejo a la posibilidad de contar con un mínimo control sobre los recursos y cómo éstos se gastan. En Balcarce 50 aseguran que en su momento Lorenzetti se había mostrado favorable a esa posibilidad. Conversaciones que son monitoreadas por el viceministro Julián Álvarez y por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Ayer los ministros definieron incrementar los montos para los recursos ante la Corte. Establecieron en 15 mil pesos el depósito para un recurso por denegación del extraordinario en instancia de Cámara. Al mismo tiempo elevaron a 10.890.000 pesos el monto mínimo que condiciona la admisibilidad de un recurso ordinario. Si el daño que sufre el demandante (sin tomar los intereses) no llega a esa cifra no puede recurrir al máximo tribunal. La Corte busca limitar la llegada de expedientes especialmente de índole tributaria, aspecto en el cual el tribunal ya iba rumbo a transformarse en una tercera instancia de reclamo.

No faltaron ayer comentarios e impresiones de cara a la elección que los jueces tendrán el martes que viene para repartir tres asientos en el Consejo de la Magistratura. Una expectativa que se fundamenta en que la Corte espera de la próxima composición una gestión superadora de la actual. "Este año no pudieron ni siquiera organizar la recepción de las declaraciones juradas", reflexionaban ayer los justices de cara a una votación cuyos protagonistas tienen diferencias muy sutiles porque responden a la misma matriz de pensamiento y tienen una agenda similar.

Hoy, Lorenzetti viajará a Colombia para participar de un seminario y a su regreso se adentrará en los preparativos finales de la cumbre de jueces que organizará en Mar del Plata a principios de octubre. Se mostrará con los jueces federales más importantes del país para desarrollar un tema predecible: la autarquía financiera del Poder Judicial.