La Corte ve difícil pago de Ganancias

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El planteo de Cristina de Kirchner a favor de que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias animó ayer largas conversaciones en la Corte Suprema. Los ministros ya exploran diversos escenarios con vistas a lograr un acuerdo sobre la cuestión que escala posiciones en la agenda judicial del oficialismo. Negociaciones con empleados pero también con jueces auguran un camino (que comenzó, en silencio, en 2012) repleto de fricciones, con probabilidades de paros y juicios millonarios contra el Estado. Declaraciones juradas, sistemas de concursos y agrupaciones de jueces también son asuntos con música propia en el cuarto piso de la calle Talcahuano.

El pago de Ganancias por parte de magistrados alienta diversas opiniones en los ministros de la Corte aunque éstas no sean conocidas más allá de los tribunales. En este sentido el más expresivo al respecto ha sido Ricardo Lorenzetti quien cuando defendió su postulación para el máximo tribunal en el Senado, ante una pregunta se pronunció a favor de pagar el tributo.

No se trata de un debate nuevo en la Corte. Ayer los jueces recordaban los encuentros que mantuvieron el año pasado con referentes del gremio de empleados judiciales y con la Asociación de Magistrados para conversar la posibilidad de que ambos estamentos se sometieran al pago de Ganancias. Las respuestas fueron igual de complejas.

Los empleados de despacho no pagan Ganancias y un cambio en esa situación podría generar una secuencia de huelgas gremiales que paralizarían el Poder Judicial. Un pronóstico fundado en lo que sucedió en 2000 cuando se intentó impulsar la medida. En ese sentido a los ministros les llama la atención la situación de la Justicia bonaerense: allí los jueces están exentos, pero los empleados pagan Ganancias.

Más delicada es la cuestión de los jueces. Cada vez que en los últimos años estuvieron cerca de ver descender el monto de sus remuneraciones, especialmente en las provincias, respondieron con una batería de juicios millonarios contra el Estado. "Los empleados te paralizan la actividad y los jueces directamente te funden", resumió ayer, irónico, uno de los ministros en el 4º piso de Tribunales.

Por otra parte, a los integrantes del máximo tribunal les sorprende la gran cantidad de jueces que en los últimos días se han pronunciado públicamente a favor del impuesto. "Si están tan convencidos que vayan y paguen, nadie se lo va a impedir, pero ninguno lo ha hecho", comentaban al tiempo que analizaban entablar conversaciones con la AFIP para conocer en detalle las posibilidades del trámite.

Un posible escenario lo aporta el caso de la Justicia estadounidense: allí cuando se generó un debate similar, la Corte Suprema de Washington decidió que el impuesto rigiera para aquellos funcionarios que accedían a su cargo desde una fecha específica y no contemplaba a todos los anteriores.

Ética

La presión presidencial del viernes para que se conozcan las declaraciones juradas de los jueces tampoco es nuevo para la Corte. Desde hace años en el cuarto piso del palacio de Tribunales rige la Ley de Ética Pública que permite acceder a las declaraciones de los ministros. Sin embargo hay inquietud sobre la situación de los jueces de instancias menores ya que ofrecer esos documentos libremente, sin pedidos puntuales y registrados, podría exponer su seguridad personal, especialmente en el caso de aquellos que deben lidiar con organizaciones delictivas.

En cuanto a una reforma en el sistema de concursos para acceder a cargos en el Poder Judicial, en la Corte hay respaldo aunque también luces amarillas sobre la organización de los mismos. Los ministros creen que los concursos con demasiadas regulaciones encierran el riesgo de terminar judicializándose. Cercanos al plano académico, no dejan de registrar la complejidad y las demoras que implican actualmente los concursos para acceder a cargos en la Facultad de Derecho de la UBA.

Hay otro enfoque práctico que no es menor en el ámbito judicial: la confianza. Los jueces necesitan contar con empleados en quienes puedan confiar diligencias determinantes o secretos sobre algunas de las partes que integran los expedientes.

Un apartado en el acuerdo de ayer mereció la causa judicial que investigó el atentado contra la Embajada de Israel en 1992. "¿Alguien puede decirme lo que pasó en esa embajada? ¿Hay alguien acusado y que le hayan dictado orden de captura? ¿Qué tipo de explosivo?", se preguntó Cristina de Kirchner el viernes. Uno de los justices contó ayer que hay un pedido de captura emitido contra Imad Fayez Mugniyah y Samuel Salman el-Reda, aunque en la actualidad sólo se busca al segundo, ya que el primero murió en 2008.

Comentarios más cotidianos generó la agrupación de jueces afines al Gobierno que se autodenominan "Por una Jwusticia legítima". Los ministros no reprueban sus debates y aseguran conocer bien a sus principales animadores: "Alejandro Slokar y María Garrigos de Rébori pasan por acá todas las semanas".

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