Washington - Con el telón de fondo de la crisis en Venezuela, la Suprema Corte de Estados Unidos analizó ayer la expropiación que realizó el fallecido mandatario Hugo Chávez en 2010 de una firma petrolera estadounidense.
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Bajo la "Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera", la firma Helmerich & Payne International Drilling Company quiere perseguir judicialmente a Venezuela.
El Estado venezolano respondió que era impensable, según el derecho internacional, autorizar un proceso contra un país soberano por un motivo tan poco sustancial y obtuvo paradójicamente el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, que teme convertirse en una víctima por desafiar el sacrosanto principio de la inmunidad extranjera.
Los ocho magistrados de la Suprema Corte atendían con cierta perplejidad el caso, que podría acarrear graves consecuencias.
El Departamento de Estado "está preocupado", subrayó durante los debates la jueza Sonia Sotomayor.
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