La Magistratura pelea la batalla editorial

Los representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura buscan negociar, antes de que termine la feria judicial de invierno, la creación de una subcomisión en el cuerpo colegiado para analizar nuevos contratos con servicios privados de jurisprudencia para el Poder Judicial o incluso renovar alguno de los que fueron suspendidos a partir del 13

de julio pasado por iniciativa del Gobierno nacional. El objetivo del oficialismo es que no haya nuevas contrataciones y que de esa forma se afiance la presencia de Infojus, el sistema estatal que impulsa el ministro Julio Alak. Mientras tanto, hay expectativa sobre la postura que adoptará la Corte Suprema.

Se trata de un debate que se extendió hasta la última reunión que celebró la Comisión de Administración y Finanzas del Consejo. Firmas como La Ley, Errepar y El Derecho, entre otras, prestaban servicios de jurisprudencia y doctrina a los jueces por un monto que rondaba los 8 millones de pesos por año. El kirchnerismo, que cuenta con mayoría en dicha comisión, impulsó la rescisión de estos contratos.

El principal argumento, expuesto por el diputado kirchnerista Carlos «Cuto» Moreno, fue que con el lanzamiento de Infojus (servicio gratuito), ya no se justifican los contratos con privados.

Ahora los opositores que integran el Consejo buscan que dentro de la Comisión de Administración se cree un grupo para revisar nuevas contrataciones. «La decisión de terminar con los contratos fue ideológica; además, lo correcto es que los magistrados tengan distintas alternativas», comentó a este diario Daniel Ostropolsky, representante de los abogados del interior y uno de los impulsores para integrar la subcomisión. A él se suma el diputado de la UCR Oscar Aguad. En tanto, desde el kirchnerismo podría participar el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales. Por estos días, los opositores hacen gestiones para que el grupo se defina antes de que termine la feria judicial.

Las editoriales privadas siguen de cerca estos movimientos. Si bien aseguran que su negocio es rentable gracias a los contratos con grandes compañías y estudios legales, también es cierto que hasta el momento no hubo oposición a la determinación del Consejo. De hecho, esperaban algún respaldo de la Asociación de Magistrados, que nunca llegó. Actualmente, la entidad es presidida por el camarista de Casación Penal Luis María Cabral, representante de la lista bordó, habitualmente crítica para con el kirchnerismo.

Si bien analizan integrar la subcomisión, desde el Gobierno el tema se considera cerrado. Cada vez que tiene la oportunidad, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, insiste en que el kirchnerismo debe librar una «batalla cultural» en el terreno de la jurisprudencia y la doctrina frente a las corporaciones privadas. De ahí se entiende el impulso a Infojus.