Las DD.JJ., otro foco de tensión con los jueces

 El Consejo de la Magistratura recibió en las últimas horas las declaraciones juradas de todo el Poder Judicial, con excepción de los funcionarios e integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Quedó así plasmada una innovación que el kirchnerismo apuró en la Magistratura y que no se concretó el año pasado porque no se habían redactado los reglamentos para regular la recepción de esos datos.

Sin embargo, a pesar de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema, todavía es un debate inconcluso y que podría generar diversos cruces, especialmente si ciertos magistrados insisten en no brindar los datos necesarios para la declaración que tiene naturaleza pública y a la cual se accede por internet.

Se descuenta, por supuesto, que si la espera de esos datos se prolonga, podría haber planteos en la Comisión de Disciplina donde el kirchnerismo ostenta la mayoría. El oficialismo está convencido de que los jueces deben brindar datos similares a los que ofrecen legisladores e integrantes del Ejecutivo.

La tesis que enfrenta esa idea, y que tiene buen hándicap, se ha escuchado incluso en acuerdos de ministros de la Corte Suprema: la información referida a jueces que investigan organizaciones delictivas debe ser preservada en extremo.

Ese criterio, como es de esperar, se ha expandido incluso a aquellos magistrados que ostentan causas explosivas pero en las cuáles poco y nada sucede.

El trámite de las declaraciones juradas y sus respectivas dilaciones y rechazos sirve para entender la cantidad de aspectos estructurales que la Justicia argentina todavía tiene sin resolver. En otros países de la región es una cuestión elemental resuelta hace años.

Un rasgo similar, con otro grado de complejidad, quedaba en evidencia ayer en los tribunales de Retiro, donde con motivo de la marcha contra los femicidios convocada esta semana los empleados empapelaron los pasillos pidiendo que también terminen los acosos laborales, otro lugar común y, por cierto, lamentable.

Contrario a lo que se creía el año pasado, no se presentó ningún amparo contra el sistema de declaraciones juradas definido por la Magistratura. Era una posibilidad que se discutió en su momento en múltiples conciliábulos acompañada por la tesis de que la falta de eficiencia de la Magistratura para organizar el Poder Judicial le restaba fiabilidad para entregar datos tan privados.

Esa noción suele ser reforzada con comentarios más punzantes sobre el control de la información que ofrece el Gobierno y que ya ha generado causas penales por el extravío de datos resguardados en entes bajo la órbita de la cartera de Justicia.