Macri cambió el estilo en primer proyecto clave que va a Diputados

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El proyecto de ley ómnibus que Mauricio Macri enviará hoy a Diputados para liberar las ataduras legales que existen en el país para poder cerrar el acuerdo con los holdouts (de acuerdo con los requisitos que fijó el juez Thomas Griesa) llega al Congreso con innovaciones no sólo en materia de deuda sino también en el estilo de redacción, clara diferencia que refleja el cambio de lapicera en las secretarías Legal y Técnica tanto del Ministerio de Economía como en Presidencia.

Para destrabar toda la maraña legal que el anterior Gobierno tejió alrededor del canje de deuda y el congelamiento de los pagos a bonistas reestructurados en el Bank of New York Mellon, el Congreso debe proceder a la derogación del cerrojo, la ley de pago soberano y los artículos que bloquearon también nuevas ofertas en las dos leyes de reapertura del canje que se votaron.

De hecho uno de los problemas que se generaron tras el debate de la reapertura del canje y la ley de pago soberano en 2014 es que allí se volvió a incluir otra cláusula de prohibición de realizar una oferta mejorada a los holdouts que la realizada a los bonistas que ingresaron al canje en 2005 con la cláusula RUFO que normalmente se incluye en las ofertas por reestructuración de deudas soberanas. De ahí la necesidad de derogar todas las normas que se votaron sobre el tema.

El proyecto avanza también en una modificación al Presupuesto nacional 2016. Cada año el Gobierno incluía en el Presupuesto la autorización del Congreso al Poder Ejecutivo para proceder a la negociación y normalización de la deuda. En el texto que se votará se modifica la asignación de facultades al nuevo ministerio que dirige Alfonso Prat Gay y se renueva la autorización.

Hasta aquí la redacción podría darse por conocida, ya que sigue las líneas normales que se presumía tendría la redacción del proyecto, pero hay una inclusión que se llevará la mayor parte del debate.

En el artículo 3 se establece la ratificación de todos los acuerdos que el Gobierno cerró con bonistas individuales y fondos que no ingresaron al canje, "los que como Anexo I, en copia en idioma inglés y su traducción al idioma español, forman parte integrante de la presente ley".

Ese listado de acuerdos (ver gráfico) fue acompañado sin establecer allí los montos que involucra el pago a cada acreedor. Allí está una de las mayores diferencias entre lo que analiza la oposición sobre el pago total a realizar y los anuncios que hizo el Gobierno

Una última curiosidad: en el último artículo se establece que el proyecto entrará en vigencia el próximo 1 de abril; no es una práctica usual ponerle fecha a una ley que el Congreso deberá decidir en qué tiempos puede votar.

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