13 de mayo 2013 - 00:00

Magistratura sigue a la Corte y negocia fondos con Gobierno

Juan Manuel Abal Medina
Juan Manuel Abal Medina
Al igual que la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura también negocia una partida presupuestaria con el Gobierno por las deficiencias en el sistema de recolección de basura que durante la semana pasa provocó trastornos en el Poder Judicial. La tensión creció el viernes, cuando un grupo de jueces del fuero federal en lo Penal Económico había pedido a la Corte declarar día inhábil por la falta de limpieza. El máximo tribunal, que ya requirió al Ejecutivo una reasignación de partidas para otorgar aumentos salariales, se había desmarcado de la situación al asegurar que el contrato con la empresa recolectora era una responsabilidad del Consejo. Rencillas internas que adquieren otros matices con la disputa por la reforma judicial como escenario.

En los tribunales federales de Retiro los residuos dejaron de recolectarse el 2 de mayo. El pasado viernes, ante el aluvión de pedidos para normalizar el servicio, Mario Fera, titular del Consejo, se comunicó con Balcarce 50 y pidió reasignar partidas para cumplir con la empresa de limpieza. Se trata de fondos propios, pero que, al igual que en el caso de la Corte, requieren de una firma de Juan Manuel Abal Medina para no incurrir en el delito de malversación de caudales.

Anoche Fera, a partir de las respuestas recibidas el viernes, confiaba en lograr destrabar la situación para miércoles o jueves de esta semana. Previamente, había optado por realizar el pedido a través de la Corte, pero la urgencia de los tiempos y la gravedad de la situación lo llevaron a una gestión más personalizada.

La problemática de los residuos produjo chispazos entre la Corte y el Consejo. La semana pasa la administración del máximo tribunal emitió un comunicado en el cual responsabilizaba al Consejo por la situación.

Como suele suceder, lo más jugoso no quedó por escrito. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales existen dudas sobre el criterio de algunas contrataciones que pasan por la administración del Consejo y, especialmente, por la capacidad de algunas de las firmas contratadas. Hace dos martes, en plena conversación por la reforma judicial, uno de los justices realizó un resumen de las deficiencias operativas del Consejo y ejemplificó las funciones que debieron ser asumidas por la Corte, aunque corresponden al cuerpo colegiado.

Ideas y detalles que sirvieron como argumento para que hace dos meses la Comisión de Administración y Financiera del Consejo designara como secretario a Roberto Cubría, funcionario con buena imagen en la Corte y que habría tenido el sponsoreo de los ministros para ocupar su asiento en la estratégica comisión.

Esto último desestabilizó la buena relación entre Fera, quien apoyó a Cubría, y los consejeros del kirchnerismo. Éstos alegaron supuestas irregularidades en la designación (no fue concursada). Tal fue el malestar que las actividades del Consejo se encuentran paralizadas desde la designación del funcionario. Algo que tampoco escapa a los reproches del máximo tribunal. Ricardo Lorenzetti también tocó la puerta de Abal Medina los últimos días para solicitar una reasignación de partidas que posibilite un aumento del 10% para los empleados del Poder Judicial. En plena polémica por la reforma judicial se descuenta que el pedido que sea resulto primero será una señal para tener en cuenta.

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