8 de mayo 2017 - 00:00

Más condiciones a Barrick para operar

El Gobierno provincial le exigió a la minera Barrick Gold precisiones sobre los programas de desarrollo y obras de infraestructura para las localidades de influencia, Iglesia y Jáchal, en el marco del relanzamiento de la mina Veladero tras el tercer incidente en menos de un año y medio.

El ministro de Minería, Alberto Hensel, reveló que la compañía de capitales canadienses y chinos presentó el plan requerido por la provincia para contiuar operando, pero explicó que las autoridades sanjuaninas ampliaron el requerimiento en relación con los departamentos alcanzados por la presencia de la mina.

Luego de que el 28 de marzo se desacoplaran tres cañerías y dejaran salir del valle de lixiviación solución rica (oro, plata y solución cianurada), la gestión de Sergio Uñac endureció las exigencias contra Barrick, que luego se unió a la compañía china Shandong. No sólo le ordenó renovar las cañerías y aumentar las medidas de seguridad sino que también dispuso que instrumentara programas de desarrollo en las comunidades.

Según publicó el Diario de Cuyo, la empresa señaló que incrementará de manera sostenida los 710 puestos de trabajo que hoy tienen los habitantes de Jáchal y de Iglesia en la mina. Sin embargo, siempre de acuerdo con ese diario sanjuanino, Hensel aseguró que quiere que informen cuánto más, ya que en el Gobierno apuestan a que no haya menos de 1.000 empleados. Barrick también indicó que desarrollarán proveedores en ambas localidades a través del lanzamientos de incubadoras de empresas y el trabajo con las cámaras empresariales locales y que aportarán conocimiento a los pobladores para diversificar la economía en las comunidades. También prevén abrir al público la mina para transparentar el proceso y despejar temores. Pese a lo conceptual, en el Ejecutivo apuntaron a que quieren que expliquen cómo lo harán.

Días atrás, el Gobierno sanjuanino y las autoridades de Barrick mantuvieron un encuentro en la Ciudad de Buenos Aires, del que también participaron autoridades nacionales del área, del que surgió que la continuidad de las actividades de la minera en la Argentina quedaba condicionada a la aprobación del plan integral, que debe ajustarse estrictamente a las normas ambientales vigentes.

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