Medicamentos: alivia a gremios prórroga para reintegros

Hugo Moyano

El Gobierno envió una señal de tranquilidad a los gremios en medio del peor momento de la relación con la CGT. La Administración de Programas Especiales (APE), un organismo bajo la lupa de la Justicia por la denominada «mafia de los medicamentos», prorrogó hasta mediados del año próximo la presentación de expedientes de las obras sociales sindicales para el cobro de reintegros por los tratamientos médicos más costosos.

Se trata de una medida habitual que se toma a fin de año, para permitirles a los gremios recoger información con más tiempo, pero en este caso tuvo la particularidad de incluir los expedientes atrasados de 2009, lo que llamó la atención a los propios funcionarios del área.

Vencimiento

A través de la Resolución 30.500, publicada ayer en el Boletín Oficial, el jefe de la APE, Daniel Colombo Russell, extendió «hasta el 30 de junio de 2011 el vencimiento de todas aquellas solicitudes de cobertura por prestaciones brindadas durante el año 2009 y 2010 que encuentren su plazo de presentación vencido». La normativa aclara que «las solicitudes deberán presentarse con carácter de reintegro».

El organismo, dependiente del Ministerio de Salud, maneja un presupuesto anual superior a los 1.000 millones de pesos. Con esos fondos, se encarga de reembolsarles a las obras sociales el valor de los tratamientos médicos más complejos -sida, cáncer, hemofilia, trasplantes- contra la presentación de los papeles que acreditan efectivamente la prestación de la cobertura.

En el Ministerio de Salud interpretaron inicialmente la medida como tendiente a paliar el fárrago burocrático que existe en el APE y la poca rigurosidad de muchas obras sociales a la hora de presentar los papeles.

Alivio

Pero también llamó la atención que por primera vez se hubiesen incluido los expedientes de dos años, en lugar de solamente el que está en curso y a punto de terminar.

La medida, sin embargo, llevó alivio a los sindicatos, que suelen quejarse de algunas trabas burocráticas para la rendición de los tratamientos ante el organismo. De hecho, los mayores lamentos corren por cuenta de los gremios no alineados al jefe de la CGT, Hugo Moyano, que en los hechos controla la estructura de la APE en los últimos años.

El jefe de la entidad, Daniel Colombo Russell, tiene como antecedente inmediato a su ingreso a la función pública el de ser abogado de la Federación de Camioneros, que encabeza Moyano. Sus antecesores, Juan Rinaldi y Hugo Sola, tenían la misma condición.

Presunto fraude

El funcionamiento de la APE está en el foco de las investigaciones de los jueces Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío. Mientras Oyarbide sigue la ruta de la «mafia de los medicamentos», su colega investiga concretamente a la obra social de choferes de camiones (Oschoca) por un presunto fraude a la administración pública, a través de cobros de reintegros sospechados como irregulares.

Ambos jueces procesaron sin prisión preventiva a Marcos Hendler, dueño de la droguería Urbana y principal proveedor de la Oschoca de medicamentos complejos, justamente los que son reembolsados por la APE. Y Bonadío citó a indagatoria también a directivos de la APE, así como de la obra social de los camioneros. Esos movimientos tensaron la relación entre el Gobierno y el jefe de la CGT, que interpreta la existencia de un aval oficial a los magistrados.