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Medios: kirchnerismo ofrece ahora controlar telefónicas
Otro día de monólogos ayer en la audiencia pública por la ley de medios. El oficialismo, como en toda la semana, dijo presente: Carlos Kunkel, Dante Dovena y Manuel Baladrón.
«Se le metió mano en todo», explicaban ayer en el bloque kirchnerista, con la intención de mostrar un rostro razonable a una negociación que sólo involucró a las bancadas aliadas y a ningún opositor. «La postura ha sido: salvo lo antimonopólico, el resto hagan lo que quieran».
Cambios centrales
En ese tren por incorporar modificaciones, se incluyó también la corrección de errores de redacción y defectos técnicos que presentaba el proyecto oficial. Pero los cambios centrales que el propio kirchnerismo pretende convalidar para calamar la tropa propia y mantener el apoyo de aliados gira en torno a:
Demorar el ingreso de las telefónicas en el mercado de la radiodifusión para aminorar la oposición al proyecto. Cinco diputados kirchneristas, además de Graciela Camaño, que planteó su oposición al proyecto desde el primer día de debates, ya informaron que no votarán la ley de medios.
Y esa resistencia en parte se da por el convencimiento de muchos oficialistas de la oposición que con la ley se está desmontando un monopolio para crear otro, contra el que será igualmente difícil competir.
En la reunión del miércoles a la noche, Mariotto escuchó los reclamos del bloque en este sentido. Ahí le expusieron la necesidad de abrir una ventana de 6 a 10 años para que las telefónicas tengan autorización plena para operar en radiodifusión y amortiguar el impacto de una apertura inmediata a un operador fuerte que, además, ya tiene buena parte de sus costos operativos amortizados. Con la red de fibra óptica y el soporte actual de transmisión de datos es muy poco lo que les queda a las telefónicas por invertir para entrar en el negocio de distribución de televisión.
Los diputados también le dijeron al interventor del COMFER que debe introducirse alguna cláusula para organizar la transición de las empresas que deberán vender medios. Con las incompatibilidades que introdujo la ley, como poseer al mismo tiempo un canal de aire y uno de cable en la misma área, o distribuir señales pagas y producir contenidos, entre otras, los actuales grupos de medios deberán desprenderse de un alto porcentaje de empresas.
Es cierto que este proceso, para el que la ley fija un año de plazo como transición, demorará mucho más, sobre todo porque las empresas recurrirán a la Justicia y pretenderán llegar a la Corte antes que liquidar medios forzados por la nueva autoridad de aplicación. Ese plazo real que puede ser de años convertirá la situación en un caos de discusiones sobre la constitucionalidad de la ley que sólo se resolvería cuando hable la Corte.
En Diputados, entonces, pretenden introducir una cláusula que dé más tiempo a los medios para encuadrarse en la nueva situación, aunque saben que esto sólo mejorará la puja, pero no la solucionará.


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