Moyano: declara el que reparte fondos sindicales

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El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Ricardo Bellagio, deberá presentarse hoy a declarar como testigo ante el juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en los fondos que la Administración de Programas Especiales (APE) destinó a la obra social de los camioneros y que, según una denuncia iniciada en 2006, habrían beneficiado a Hugo Moyano.

La asistencia de Bellagio a los tribunales de Comodoro Py cerrará así la serie de citaciones que el magistrado dispuso hace 10 días a todos los responsables de la SSS y la APE durante el kirchnerismo. Ya declararon los ex titulares del área Héctor Capaccioli y Juan Rinaldi, así como el actual responsable de la APE, Hugo Sola. El objetivo de Bonadío es indagar sobre la metodología para la aprobación de reintegros del Estado a las obras sociales para tratamientos complejos como lucha contra el cáncer, HIV y hemofilia, a lo que está dedicada la APE, y tener precisiones sobre el manejo de estas partidas en el caso del sindicato dirigido por el líder de la CGT.

Hoy será el turno de Bellagio, quien ni bien asumió como responsable de la cartera tuvo que enfrentar el escándalo que disparó la investigación del juez Norberto Oyarbide sobre la llamada «mafia de los medicamentos» y que derivó hasta en un proceso de auditoría desde el propio Ministerio de Salud sobre todas las obras sociales que hubiesen recibido fondos de la APE.

Según la denuncia iniciada en 2006 por el gremialista opositor de la UOCRA, Juan Pablo Medina, estos fondos habrían sido desviados de manera ilícita para supuestamente beneficiar a Moyano, debido a que su mujer, Liliana Esther Zulet sería la encargada de la administración de la obra social, equivalente a una caja que ascendería a los $ 20 millones.

La pesquisa avanza de manera paralela a la de Oyarbide, quien investiga a la droguería San Javier y a la Obra Social de la Asociación Bancaria por la presunta adulteración y venta ilegal de medicamentos oncológicos y contra el HIV, supuestamente suministrados a afiliados del sindicato. La causa impulsada por este juez tomó tales dimensiones y derivaciones, que la semana pasada el fiscal a cargo del caso, Luis Comparatore, solicitó que se ampliara el proceso a otras 50 obras sociales sindicales, que habrían comprado medicamentos a la San Javier, además de la ya referida auditoría del Ministerio de Salud.

En el fin de semana. Moyano salió a respaldar a los sindicatos frente al avance judicial de estas causas durante un acto de homenaje al gremialista asesinado, José Ignacio Rucci, y aseguró que «se ataca los dirigentes sin que la Justicia se haya expedido». El socio político de los Kirchner agregó que «se confunde a todas las obras sociales sindicales de tener la perversidad de dañar la salud de la gente», y sin arriesgar nombres ni precisar sus acusaciones, resaltó que «para atacar a los dirigentes empiezan con las auditorías en las obras sociales sindicales». «Para atacar a los dirigentes empiezan con las auditorías en las obras sociales sindicales», insistió el líder de la CGT.

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