“Ñoquis”: arranca ya el juicio oral

La designación de empleados fantasmas, una de las causas más escandalosas que protagonizó el ex Concejo Deliberante porteño, hace más de 10 años, comenzará a debatirse en un juicio oral a partir del lunes próximo.

Varias decenas de ex empleados, ex concejales y funcionarios deberán prestar declaración acerca de la investigación que, para el cobro fraudulento de sueldos, tuvo varias modalidades. Entre ellas, el nombramiento de personas que no tenían conocimiento de esa situación para que otros cobraran los salarios.

El juicio por lo que se conoce como «los ñoquis del ex Concejo» estará a cargo del Tribunal Oral N° 16 que conforman Cristina Bértola, Gustavo Roffrano y Hugo Cataldi, y está previsto que se extienda por cerca de dos meses, ya que son más de cien los testigos que deberán declarar.

No se presentará el caso que se refería al jardinero de Fernando de la Rúa, quien habría sido contratado como empleado del ex Concejo, porque esa causa prescribió en abril pasado. Durante la investigación fueron procesados varios ex concejales, inclusive algunos en su momento estaban ocupando bancas, ya como legisladores porteños, tras la autonomía que se le concedió a la Ciudad de Buenos Aires.

La supuesta «defraudación por administración fraudulenta contra la administración pública» comenzó a denunciarse cuando a una mujer, Ema Pasino, le llegaron comprobantes de aportes a una AFJP por su empleo junto a los ediles y se sorprendió al no haber trabajado nunca en el ex Concejo ni tener conocimiento de haber sido nombrada. Las acusaciones involucran a ex concejales, en su mayoría del radicalismo y del PJ.

En una resolución de 1999, el juez de instrucción Alberto Baños trabó embargos millonarios a varios ex concejales y al ex titular de esa casa, José Manuel Pico, sobre quien además ordenó la detención. Inclusive hubo prófugos durante la pesquisa.

El expediente comenzó en 1996 tras la denuncia del abogado Juan Carlos Iglesias, quien ya falleció, y recién en mayo de 2007 el juez Baños elevó la causa a juicio oral y público, una vez que dio por concluida la instrucción.

«Relevaban a indigentes, les ofrecían planes de alfabetización o de vacunación, o darles empleo, y obtenían copias de sus documentos. Con éstos se conformaban falsos legajos de personal en el Concejo y luego se acordaba que el secretario del concejal fuera a cobrar por todos, repartiendo los dineros obtenidos ilegalmente», acusó la fiscalía.