Obra social de Moyano, bajo sospecha por los remedios

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El fiscal a cargo de la causa que investiga la supuesta venta ilegal y adulteración de medicamentos a obras sociales sindicales, Luis Comparatore, aseguró ayer que el líder de la CGT, Hugo Moyano, es investigado en ese caso.

El fiscal precisó en declaraciones radiales que la obra social del gremio de los camioneros, liderada por el principal socio sindicalista del matrimonio presidencial, está «en grado de avance de estado de sospecha» por supuestas maniobras ilícitas vinculadas al suministro de remedios contra el cáncer y el HIV.

Comparatore no aclaró, sin embargo, si la pesquisa sobre la obra social del sindicato de Moyano indaga sobre la presunta administración de medicamentos adulterados o supuestas maniobras fraudulentas relacionadas con los fondos estatales destinados a las obras sociales para tratamientos complejos, a través de la Administración de Programas Especiales. Moyano también es investigado por el supuesto manejo fraudulento de estos fondos por el juez federal Claudio Bonadío, quien hace dos meses citó a declarar a todos los ex funcionarios que habían ocupado esa área desde la llegada del kirchnerismo al poder, así como solicitó informes al sindicato de Camioneros y al Ministerio de Salud de la Nación respecto de quiénes habían sido los beneficiados por esos programas financiados por el Estado.

El fiscal agregó que había otras obras sociales investigadas, como la del gremio de Aeronavegantes, sobre las que también estaban avanzando, y aclaró que parte de la tarea de los investigadores era distinguir qué obras sociales habían actuado de «buena fe», es decir, comprando remedios que no sabían que estaban adulterados y/o vencidos, y cuáles no. La expansión de la pesquisa sobre otras obras sociales se generó a raíz de que la droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, eje de la causa, también proveía medicamentos a otras obras sindicales, además de la Asociación Bancaria. Comparatore también solicitó ayer al juez que citara a indagatoria al ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y recaudador de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner, Héctor Capaccioli. El fiscal argumentó que «por el cargo que ocupaban determinados funcionarios no podían encontrarse al margen o bien ignorar lo que estaba sucediendo», en referencia a la adulteración de medicamentos. A esto se suma que muchas de las droguerías que vendían medicamentos a estas obras sociales hicieron aportes a la campaña presidencial de Cristina de Kirchner.

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