Odebrecht: Brasil retacea pruebas por sobornos (incluye caso Arribas)

Alegan desbalance en marco legal argentino. Traba llegada de datos. Nombres de los exfuncionarios marcados por la Justicia.

Interrogatorios. El titular de la PIA, Sergio Rodríguez y su par Federico Delgado.

Brasil le confirmó a las autoridades judiciales de los Estados Unidos que no liberará a la Argentina las pruebas y documentos que posee sobre los sobornos pagados en el marco de la causa Odebrecht, hasta tanto no termine de alinearse un encuadre legal específico y se expliciten las restricciones en el abordaje que tendrán las causas en los tribunales locales. A pesar de las buenas intenciones y de los acuerdos de cooperación firmados en el país por la Procuración General que encabeza Rodrigo Janot, el funcionario, en Washington le advirtió al Departamento de Justicia que el acceso a esos datos entre los que están los comprobantes de transferencias aportados por el cambista Leonardo Meirelles que apunta al caso del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas- estarán restringidos.

El dinámico (y frustrante) escenario de idas y vueltas obligará a los jueces argentinos a extremar su astucia para conseguir, mediante exhortos, parte de la información revelada por los norteamericanos sobre el capítulo local del escándalo. En medio de una batalla con el gobierno que busca desplazarla, Alejandra Gils Carbó ordenó el diseño de una logística para que la información que supuestamente iba a remitir Brasil no tocara sus oficinas y fuera canalizada directamente a los fiscales Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas), Franco Picardi, Federico Delgado, Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli, según lo requieran. Eso podría no ocurrir en el corto plazo, tal como adelantó Ámbito Financiero el 20 de junio, cuando Janot advirtió que para compartir pruebas necesitaba que los delatores no fueran acusados en los tribunales locales para no romper los acuerdos firmados en Brasil. Ese freno fue transmitido a los estadounidenses en una reunión que Janot mantuvo esta semana. La expectativa había sido alentada por la propia fiscalía brasileña que confirmó a la Procuración que tenía en su poder la documentación que Meirelles había recolectado en Hong Kong en 2015 sobre los comprobantes de las 4 mil transferencias realizadas durante su operatoria en el Lava-Jato. Entre ellas, según declaró el arrepentido ante los fiscales Rodríguez y Delgado, habría 10 transferencias por u$s850.000 destinadas a Arribas. Su caso escaló a la Corte Suprema, con mínimas chances de reabrirse.

En esa declaración brindada por teleconferencia y sin valor legal (porque no estuvieron obligados a decir verdad) se enfrentaron las posturas de Meirelles con la de Alberto Youssef (su exjefe), quien escapó de cualquier definición relevante y dijo desconocer el capítulo argentino de los sobornos. "(Las empresas) tenían la misma influencia y los mismos contactos que tenían con políticos aquí. Pero sería ligero decir que ese mismo sistema ha sido implementado en la Argentina", afirmó Youssef ante los fiscales en la declaración a la que accedió este diario y revela también los nombres de implicados que están bajo la lupa de los investigadores locales, y no solo en la licitación otorgada a Odebrecht por AySa, una de las causas en curso. A pesar de su desmemoria, Youssef dejó una puerta abierta: reconoció que los gerentes financieros de OAS (Odebrecht) que operaban a través suyo le pedían transferencias a otros países (por ejemplo Suiza) y que no le informaban destinatario o motivo. Meirelles cargó toda la responsabilidad sobre las órdenes de pago en Youssef, quien antes había desautorizado al "arrepentido": "Ese señor Meirelles era mentiroso y ligero. Él mintió mucho para hacer el acuerdo suyo. No dice la verdad sobre lo que realmente sucedió". Aun así, deslizó un dato clave. Sugirió que a quienes la justicia argentina debería llamar a declarar por la operatoria de sobornos en nuestro país es a Dalto Avancini presidente de Camargo Correa y a su vice, Eduardo Leite. No se explayó en los motivos de por qué ellos podrían conocer si se hicieron pagos a empresarios, intermediarios y exintegrantes del Gobierno K.

En la lista de exfuncionarios replicada en ambos cuestionarios hubo nombres repetidos. Ambos fueron preguntados (con respuesta negativa) por el exsecretario de transporte, Ricardo Jaime, y su presunto testaferro, Manuel Vázquez. Julio De Vido y la cúpula de AySa encabezada por Carlos Ben y Raúl Biancuzzo, a los que se sumó al exintendente de Vicente López y exvice de Aysa, Enrique "Japonés" García; Oscar Vélez; y el sindicalista de obras sanitarias, José Luis Lingeri fueron parte del interrogatorio. Pero también preguntaron los fiscales por el extitular del Enargas, Fulvio Madaro (apuntado en Skanska) y por el extitular de Cammesa, Julio Armando Bragulat. A Meirelles y Youssef se les preguntó si recordaban los nombres del exsecretario de Energía, Daniel Cameron y del exsubsecretario de combustibles, Cristian Folgart. Sin éxito, los fiscales Delgado y Rodríguez pidieron que recuerden si habían oído los nombres de Néstor Ulloa y de Marcelo Quevedo Carrizo (los dos de Nación Fideicomisos) y de Daniel Ridelener (exgerente general de Transportadora del Gas del Norte-TGN), además de Pablo Ferrero (quien fuera procesado en su momento en la trama Skanska).